Se suman a convocatoria de Marcha por la paz, legisladores de Morena

Rodrigo Abdala y Alejandro Armenta Mier, diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) confirmaron su participación en la marcha ciudadana Poblanos por la Paz, al lado del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano que protestará por “la pesadilla delictiva que vive Puebla” en una administración que como estrategia de combate enmascara la grave inseguridad que vive el estado.

En rueda de prensa, Alejandro Armenta con los líderes del OCLP, Marco Antonio Mazatle e Irene Herrera refrendó el compromiso para asistir en su “calidad de ciudadanos” a la movilización el próximo 9 de julio del Gallito en el Paseo Bravo al zócalo de la ciudad.

Luego de confirmar la asistencia del diputado federal Abdala --- quien por su agenda no asistió a la reunión con los medios --- Armenta acusó el fracaso del gobierno del estado para garantizar un estado de bienestar a los ciudadanos al centralizar la impartición de justicia, reduciendo al mínimo las agencias para recibir denuncias y con esto ocultar un fenómeno que no puede contenerse más.

“Esta movilización dimensionará lo que la actual administración niega, la realidad desmentirá a la publicidad que han pagado la presente y la anterior administración para ocultar el estado de indefensión en el que está Puebla”, dijo.

El legislador federal repudió la falta de atención a la demanda ciudadana para que regresen las agencias del Ministerio Público a las juntas auxiliares y municipios, lo que dijo es una necesidad para dimensionar el crecimiento exponencial de los índices delictivosn lo que atribuyó a la intención de disfrazar el grado de inseguridad que hay en Puebla.

Acusó que en el 80 por ciento de las localidades de Puebla las víctimas cotidianas de la delincuencia del fueron común están impedidas para denunciar, pues sólo hay 11 Casas de Justicia en todo el territorio poblano. Dijo que en la cifra negra quedan los números reales de los agravios de la delincuencia, al no existir agencias subalternas cerca de domicilios.

Asentó que el fracaso de la seguridad en Puebla fue haber centralizado la procuración de justicia, eliminando en las demarcaciones las agencias ministeriales, reduciendo los 750 ministerios públicos a “11 oficinitas” consiguiendo con esto burocratizar la búsqueda de justicia y desalentar la denuncia.

Aseguró que sólo el 10 por ciento de delitos son denunciados en el estado y a pesar de esto, se ha incrementado en 350 por ciento el registro de la incidencia delictiva.

“A pesar de las pocas denuncias, que no rebasan el diez por ciento, se ha disparado la estadística casi 4 veces, esto es inaudito”, expresó Armenta.

Denunció que en lugar de pagar un agente subalterno y ministerial en cada municipio el gobierno del estado prefiere pagar un anuncio en zonas lujosas para decir “que todo está bien”.

Insistió en el señalamiento hecho en la Cámara de Diputados federal en relación a la ineptitud, indiferencia o complicidad del gobierno del estado para “dejar ir 42.5 millones de pesos el año pasado por subejercicio de un recurso federal.

Recomendó también al gobierno estatal usar la tecnología para el combate del crimen organizado y no para tareas de espionaje contra opositores, activistas y defensores de derechos humanos.

En su oportunidad, Irene Herrera, integrante del OCLP expuso que las diez medidas para aumentar la seguridad en la ciudad, del presidente municipal Luis Banck Serrato, han resultado inútiles.

“La semana pasada hubo un robo violento a pasajeros de la ruta de transporte público número 68, en el que –según testigos- ocho sujetos con armas de fuego amagaron a los pasajeros; cuatro ciudadanos han sido asesinados al interior de los camiones, por resistirse al asalto”, contó.

Lamentó también el andamiaje del nuevo sistema penal que dejó libre al empresario gallero Jorge Aduna, quien fue excarcelado del penal federal de Durango, tras no encontrarle indicios de ser el responsable de la muerte de seis jóvenes que habrían robado en su domicilio.

Marco Mazatle e Irene Herrera estimaron que en la movilización ciudadana, a la que sumó ayer la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo, se concentren 10 mil personas que viven con miedo y están hartas de tener noticias cercanas y directas de asesinatos, robos a casa habitación, de autopartes, encajuelados, secuestros y de ser víctimas dos o más veces al día de atracos en el sistema de transporte urbanos, posibles sólo con la confabulación de agentes policiacos, aseveraron.