Proponen reforma para erradicar violencia política de género

Tras la violencia política de género registrada en la elección de 2016, las diputadas Silvia Tanús Osorio (PRI) y Lizeht Sánchez García (PT) presentaron una iniciativa al código electoral para establecer las causales a considerarse en contra del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres

La propuesta surge a un año de que las excandidatas a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco (independiente), Blanca Alcalá Ruiz (PRI) y Roxana Luna Porquillo (PRD) recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defenderse de los acuerdos tomados por el IEE y que vulneraron su participación en la elección.

La propuesta de las legisladoras sumó el respaldo de las bancadas del PRD, PAN, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla, PVEM, PSI y Movimiento Ciudadano.

Tras la presentación del proyecto, la diputada Socorro Quezada Tiempo (PRD) señaló que las condiciones de inequidad bajo las que Aranda Orozco, Ruiz Alcalá y Luna Porquillo compitieron por la gubernatura, se dieron con la complacencia de las “estructuras de poder”.

La perredista señaló que la violencia política de género se mantiene en la entidad. Como prueba, mencionó las agresiones físicas y verbales hechas por el alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce en contra de la regidora Ruth Zarate, a quien la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) concedió medida de seguridad.

“En el estado se vivió violencia política hacia las candidatas, quedó ahí señalada la situación que vivieron ellas en esa elección. En este estado vivimos violencia política las mujeres, ahí está el asunto documentado en Tecamachalco que ha tenido que intervenir la Fepade para poder darle garantías a la regidora Ruth Zarate. Ahí están las denuncias de Ruth Rodríguez y otra regidora, porque en este estado las estructuras de poder han permitido la violencia hacia las mujeres”.

Ocultar información se considerará violencia de género

Proporcionar documentación incompleta, ocultar información, impedir la toma de protesta, la reincorporación de las mujeres a sus cargos tras la solicitud de una licencia y obstaculizar la afiliación a los partidos políticos, serán considerados como violencia política de género.

La propuesta de las legisladoras también precisa que la propaganda de precampaña deberá de contar con un lenguaje incluyente, lo que implica expresar la calidad de género del aspirante.

El proyecto a analizar por las Comisiones de Igualdad de Género y de Gobernación y Puntos Constitucionales plantea reforma los artículos 54 en su fracción IX, 200 Bis fracción III, 389 fracción VI, 390 fracción XVI, así como las adiciones a los numerales 2 Bis y 401 Bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep).

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