Sociedad
En Palmarito hay guerra contra la población, dicen miembros del OCLP
Aseveran que están en riesgo los derechos humanos y la vida de los pobladores, en su mayoría campesinos, que nada tienen que ver con la delincuencia organizada de la zona.
Integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano (OCLP) rechazaron la solicitud que hizo el gobierno de Antonio Gali para declarar Estado de Excepción a la zona del Triángulo Rojo, pues este sólo pondría en riesgo los derechos humanos y la vida de los pobladores, en su mayoría campesinos que nada tienen que ver con la delincuencia organizada de la zona.
En rueda de prensa Irene Herrera y Marco Antonio Mazatle aseguraron que el asesinato de cuatro militares y seis civiles, entre ellos un menor de edad y una mujer de 43 años de edad, que dejó este miércoles la guerra por el huachicol en la comunidad de Palmarito Tochapan, es una muestra del fracaso en las estrategias de seguridad costosas que siguen reproduciéndose.
Refirieron que el “combate” a la violencia por grupos organizados y la ingobernabilidad se ha traducido en una guerra contra la población a la que se le criminaliza y en la que se buscan los responsables, criminalizando el lugar y estigmatizando a las localidades como parte de la estrategia gubernamental apoyada por medios de información cómodos y pagados.
Los activistas pidieron un “giro” en las líneas de análisis y pidieron al nuevo Fiscal Anticorrupción que inicie una exhaustiva averiguación del personal que llegó y trabajó con Facundo Rosas, secretario de seguridad en el sexenio de Rafael Moreno Valle
“No hay que ser especialistas para darnos cuenta que esta descomposición se gestó durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, quien hoy busca una candidatura presidencial. Él trajo como una alternativa de vida el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) a las comunidades más pobres del estado, como son las que se encuentran asentadas en los municipios que conforman el Triángulo Rojo, desde Ciudad Serdán hasta San Martín Texmelucan”, aseguraron.
“Moreno Valle nombró a Facundo Rosas Rosas, como secretario de Seguridad Pública del estado, un personaje oscuro y ligado a Genaro Luna, el ex procurador General de la República”, dijo Mazatle.
Desde que Facundo Rosas asumió el cargo, se disparó el número de tomas clandestinas hasta mil 589 en 2016, por arriba de estados como Tamaulipas, donde el narcotráfico ha diversificado su negocio con el robo de combustible, agregó.
Por eso exigimos al gobierno del estado, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República se inicie una investigación en contra de Facundo Rosas, dijeron Mazatle y Herrera.
En su gestión fueron detenidos dos altos mandos de la policía estatal, que estaban a cargo de ex funcionarios del gobierno federal.
Se trata del ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Méndez Lozano, quienes fueron detenidos en 2015 por dar protección a las bandas huachicoleras.
El escándalo a nivel nacional obligó a Facundo Rosas a renunciar a la Secretaría de Seguridad Pública, pero su salida del gobierno de Puebla se dio sin que existiera una investigación a fondo en su contra”, fue la posición expuesta.
El OCLP insistió que con la llegada de Antonio Gali Fayad al gobierno de Puebla las cosas han empeorado.
Exigieron la reestructuración de los Arcos de Seguridad que se instalaron en Palmar de Bravo y San Martín Texmelucan, los cuales tuvieron un costo de 173 millones de pesos; una investigación exhaustiva de los hechos, con pleno respeto a los derechos humanos, para deslindar responsabilidades y que los autores sean presentados ante la justicia.
“Es cierto que estamos en indefensión pero es necesario combatir la criminalidad pero con respeto a los derechos humanos”, acotó Herrera.