Llega fiscal anticorrupción y ya tiene seis casos por resolver

La indagatoria y eventual resolución de por lo menos seis casos de corrupción registrados en el sexenio pasado, enfrenta el nuevo Fiscal Anticorrupción en Puebla, Enrique Flota Ocampo, cuyo nombramiento aún está por avalar el Congreso local.

Las corruptelas en cuestión tienen que ver con la contratación de empresas fantasma para cursos de capacitación que no se otorgaron, la entrega de obra pública por conveniencia, sobrecostos de obras, sobornos para cubrir salarios irregulares y la entrega de plazas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a familiares y amigos.

En la mayoría de los casos la Contraloría estatal ha afirmado que inició indagatorias, por lo que se cuestionó a la dependencia sobre los avances de las mismas pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Flota Ocampo laboraba como fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado (FGE), cargo desde el que operó casos como el de San Bernardino Chalchihuapan y la situación de presos políticos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Contratos con empresas “fantasma”

Uno de los casos tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otros organismos descentralizados como el Instituto de Educación Digital (Iedep) que firmaron en el transcurso de 2016 contratos de capacitación y consultoría por más de 130 millones de pesos con empresas cuyas direcciones son inexistentes, casas vacías e inmuebles que operan como clínicas o consultorios, como Asesores Bralgi, Consultoría Asiana, Lidernal Soluciones, Baupre Networks, BMG Allianz, Ih Consulting México y NWA del Centro.

El 15 de marzo, la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, informó que la Contraloría estatal inició una investigación “exhaustiva” por el tema, al tiempo que se deslindó de la firma de esos contratos.

Otro asunto ligado con lo ocurrido en el Iedep es el del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), pues también fue acusado de firmar contratos para servicios de capacitación que nunca se otorgaron, con firmas que también tienen domicilios particulares.

Entre estas empresas se encuentran BMG ALLIANZ S de RL de CV y Baupre Networks SC, las cuales también firmaron contratos con el Iedep.

Sobresale en el tema la asociación civil Cihuautla Equidad Bienestar, con la que el CESP firmó contratos por 1.78 millones de pesos, tiene la misma dirección que la empresa Asesores Fuerza y Rumbo, la cual signó a la vez contratos millonarios de capacitación con el Iedep.

El 21 de marzo pasado Javier Lozano Alarcón, vocero del gobierno del estado y Diódoro Carrasco Altamirano, secretario general de Gobierno (SGG), indicaron que la investigación que la Contraloría lleva a cabo por las empresas con domicilios fantasmas se extendería hasta el caso del CESP.

Obras con sobrecosto y licitaciones a modo en Salud

Resalta la presunta corrupción en contratos asignados por la Secretaría de Salud durante el sexenio pasado con sobrecosto, mediante una licitación a modo y que se entregaron a empresas con prestanombres o socios ocultos, según dio a conocer e-consulta el pasado 26 de febrero.

Sólo en 2012, la dependencia estatal habría adjudicado unos 70 contratos a constructoras pertenecientes a empresarios ligados a Armando Prida Huerta y Armando Prida Noriega, los hermanos Jesús y Elfego García Ojeda, Andrea Ambrogi Domínguez y Eduardo Torres Chedraui, entre otros personajes.

Un análisis realizado por e-consulta advierte que 12 de las 112 constructoras contratadas el sexenio pasado para realizar obra pública en el área de salud concentraron el 52 por ciento de los 3 mil 378 millones de pesos que se destinaron para rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas clínicas u hospitales en el estado.

Esas mismas empresas y otras tres firmas más ganaron contratos por 2 mil 876 millones de pesos en total el sexenio pasado, al sumar los proyectos que también realizaron para las secretarías de Infraestructura y de Finanzas y Administración, así como el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCE).

Sobrecosto del segundo piso

Aunque durante el inicio de la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla las autoridades estatales y federales afirmaron que el costo de la obra sería de 10 mil millones de pesos, finalmente el desembolso fue de 500 millones más.

Al inaugurar la obra en octubre pasado, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle afirmó que el sobrecosto sería absorbido por las empresas OHL y Pinfra, las cuales construyeron la vialidad y tienen una concesión para operarla por un periodo de 30 años.

Por otra parte, en su revisión a la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló que el costo del peaje por kilómetro que cada usuario paga es 340 por ciento más caro que el que se cobra en la autopista a la Ciudad de México, además quedó 14.5 por ciento arriba de lo que fue acordado en el título de concesión adjudicado a la empresas mencionadas. Además la obra fue ejecutada sin contar con los permisos necesarios.

Por esas observaciones, el órgano fiscalizador emitió 15 observaciones a esta obra, hizo 12 solicitudes de aclaración y pidió tres procesos de sanción contra funcionarios.

Funcionarios de SFA intentan tapar pagos irregulares

Un asunto más es el intento de soborno que funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), incluido el ahora exdirector de Recursos Humanos, Juan Alvarado Morfín, realizaron a un exempleado del gobierno estatal para que firmara documentos que acreditan pago de salarios por 200 mil pesos en 2015, los cuales nunca recibió.

e-consulta dio a conocer grabaciones de llamadas telefónicas y conversaciones que el afectado tuvo con los trabajadores de la dependencia.

La denuncia ya fue presentada formalmente a la Contraloría según se aprecia en la copia de la denuncia, en donde se pide una investigación y en su caso se sancione a los funcionarios que estén involucrados en el presunto fraude al erario estatal.

Entregan plazas a familiares y amigos

Otro caso que la Contraloría ofreció indagar tiene que ver con el caso de la actual directora de Formación Docente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Dulce María Flores Beltrán, por la presunta creación y asignación irregular de plazas para familiares y amigos.

Según informó e-consulta, desde 2011 Flores Beltrán habría creado y asignado 15 plazas de Educación Superiora a familiares y amigos, las cuales tienen salarios que oscilan entre los 27 mil y los 30 mil pesos.

Los puestos laborales estarían ocupados por su esposo, tres hermanas, un cuñado, una sobrina, una prima, dos compadres y cuatro amigos, sin que éstos tuvieran el grado académico necesario para ocuparlos.

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