Sociedad
Urgen a regular a trasnacionales que violan territorios: IDHIE
Estudio del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría revela violación de derechos humanos de comunidades originarias
La ratificación de tratados internacionales que regulen la actuación de las empresas trasnacionales en materia de derechos humanos, es una de las recomendaciones urgentes del estudio “Territorialidad, despojo y derechos humanos en el Golfo Centro de México”, de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Jorge Eduardo Morales Sierra, investigador del Programa Mesoamérica, Interculturalidad y Asuntos Indígenas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), apunta como imperante la firma de procesos de carácter internacional como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el mecanismo dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante el drama que viven comunidades originarias por la llegada de megaproyectos de desarrollo e infraestructura por las violaciones al derecho al territorio.
El director del Cuaderno de Investigación 13, de la colección “Derechos Humanos en Crisis”, que analiza, desde la perspectiva de los derechos humanos, el despojo en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el centro de Veracruz y los procesos sociales de resistencia y defensa emprendida por la ciudadanía, alerta sobre el saqueo de recursos naturales que aunque ha sido un fenómeno histórico, en el momento actual vive una nueva magnitud y dimensión, incluso calificado como “un punto de inflexión en la historia de la humanidad”.
El estudio documenta la acción del Estado como un actor antagónico que, por su propia condición, no puede garantizar ni proteger los derechos humanos, pues en el seguimiento en los estados, los poderes que debían dar garantías a los defensores son los que han orquestado el despojo y la represión utilizando mecanismos legales incluso la modificación de éstos a discreción.
“Es necesario que la academia a través del ámbito jurídico normativo, ayude a reconocer la separación existente entre el concepto de derechos humanos establecidos y lo que viven en realidad las comunidades”, apunta el investigador.
De los 98 casos registrados, el 63 por ciento de los conflictos del territorio tienen que ver con la generación y traslado de energía en cualquiera de las modalidades: 12.65 por ciento sobre mineras, 10.12 sobre carreteras y puertos y 10.12 por ciento sobre privatización de agua.