Sociedad
Juez destituido llevará su caso a organismos internacionales
Acusa al gobierno del estado de violar sus derechos humanos y anuncia que prefiere recurrir a instancias foráneas antes que a la CDH Puebla o la CNDH
El ex juez civil Enrique Romero Razo envió a la Comisión de Derechos Humanos Puebla un oficio en el que anuncia que recurrirá a instancias internacionales para defender su caso, la destitución de su cargo por supuestamente favorecer al empresario Ricardo Henaine Mezher.
En oficio dirigido a la CDH Puebla, Romero Razo anunció su desistimiento “ de la queja formulada ante la CNDH el 8 de septiembre 8 de 2014” y explicó que prefiere “acudir a instancias internacionales que garanticen al suscrito un actuar imparcial y apegado a derecho”.
El juez fue destituido cuatro veces de su cargo y ya había anunciado que llevaría su caso ante las instancias federales e internacionales para pedir su restitución en el Poder Judicial del Estado, al cual acusó de violar el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
En 2012 fue removido de su cargo por supuestamente favorecer al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil en contra del entonces socio mayoritario del Puebla FC, Francisco Bernat Cid, cuando aquél era titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla.
En el oficio con sello de recibido por la CDH Puebla, con fecha 16 de enero de 2017, Romero Razo escribió al presidente de la Comisión, Adolfo López Badillo: “a pesar de que mis derechos humanos han seguido siendo violentados por parte del gobierno del estado de Puebla al que usted fiel y diligentemente sirve y al hallarme perfectamente sabedor de tal situación, prefiero acudir a instancias internacionales que garanticen al suscrito un actuar imparcial y apegado a derecho”.
Acusó además a la CDH Puebla de “estar supeditada al régimen fascista y dictatorial que hoy subsiste en nuestra entidad federativa y que amenaza con perpetuarse en el poder a través del Maximato que está por iniciar el 1 de febrero próximo”.
Anteriormente Romero Razo aseguró que su intención no es volver a sus funciones como juez, sino “dejar en limpio su nombre", lo que lo ha llevado a interponer diversos amparos, durante los cuales -acusó- las autoridades estatales han intervenido tratando de intimidarlo y han puesto obstáculos para que los jueces federales fallen a su favor.