Presencia del crimen organizado es riesgo para labor periodística: RPP

La Red de Periodistas de Puebla advirtió del riesgo de trabajadores de los medios ante la presencia del crimen organizado, la violencia de las autoridades municipales y estatales y la indolencia de los responsables de la seguridad en el estado.

Samantha Páez, vocera de la organización, hizo pública la exigencia a las autoridades para atender las denuncias jurídicas así como las alertas para la protección de los derechos humanos de las organizaciones La Casa de los Derechos de Periodistas y Artículo 19 para cumplir con su obligación de generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la profesión y de la libertad de expresión de los trabajadores de los medios.

Hoy la RPP entregó una misiva a la presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, y a la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, a manera de alerta.

“No es una concesión. Lo que se pide es el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y el respeto irrestricto de la libertar de expresión de los comunicadores, nada más, pero nada menos”, se señala en la epístola.

Se recuerda en el texto que el pasado 11 de noviembre un grupo de comunicadores exigió a la Comisión de Derechos Humanos Puebla que atienda la situación de violencia que padecen, “especialmente en la que se registra en el área conocida como ‘el triángulo rojo’ o ‘la franja del huachicol’, en donde el crimen organizado se ha apoderado de la región”.

En esa ocasión, ante el visitador de la Comisión de Derechos Humanos (CDH Puebla) la coordinadora del Capítulo Puebla de la Casa de los Derechos de Periodistas, Claudia Martínez, aseguró que las denuncias por amenazas de muerte a periodistas se han incrementado y que actualmente hay seis casos de alto riesgo en la entidad.

En la reunión se destacó el caso de Silvia Campos, corresponsal de El Sol de Puebla, quien sufrió la persecución de desconocidos en el municipio de Los Reyes de Juárez -zona del triángulo rojo-, luego que difundiera un trabajo de investigación de células del crimen organizado dedicadas a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex.

La carta también menciona que hace unos días la organización Artículo 19 emitió una alerta por la agresión a dos colegas en Tehuacán, según documentó el organismo el pasado 24 de noviembre. Maximiliano Santos, periodista de En Tiempo Comunicaciones, fue golpeado en las inmediaciones de su lugar de trabajo, en Tehuacán.

“Al acudir a realizar la denuncia a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tehuacán, Santos fue recibido por los funcionarios con negativa porque “ya estaba fuera de horario laboral”.

“Además los funcionarios de la Procuraduría consideraron que las agresiones, por haberse registrado cuando el periodista no estaba haciendo un reportaje, tomando video o fotografías, tenían que tratarse como un asunto del fuero común”.

De acuerdo con Artículo 19 “los argumentos son esbozados y van contra el mandato constitucional de la PGR de atender los casos de violencia contra la prensa.

En el segundo caso se informó que la reportera Mariana Gutiérrez, de El Mundo de Tehuacán, fue agredida por una funcionaria local el 23 de noviembre. Belén Leticia Hernández, regidora de Educación en ese municipio, sacó a empujones a la reportera de su oficina cuando Gutiérrez realizaba una nota sobre temas de Protección Civil. Las agresiones se produjeron semanas después de que la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández, amenazara con demandar a periodistas de la región que publiquen información incómoda para la administración de la alcaldesa priísta.