Llevan a SCJN caso de desaparición de documento favorable a Simitrio

El documento oficial donde se autoriza al dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” el beneficio de la libertad preparatoria ordenada en el 2001, desapareció, denunció Samuel Porras abogado de la organización.

En rueda de prensa Porras aseguró que este intento de eliminar el documento del expediente del preso político más representativo en Puebla será expuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues constituye el acto más impune enfrentado por la 28 de Octubre y una muestra clara de la complicidad del Ejecutivo con el Poder Judicial.

“En 35 años del ejercicio en la abogacía no había visto tal falta de ética y de estos retorcimientos de la ley; es simplemente el despliegue y la exhibición del poder del gobernador Rafael Moreno Valle contra una organización que ha retomado las causas populares de Puebla. Es inconcebible, perverso, una artimaña jurídica que en el fondo es un acto político vil”, dijo Porras.

La “ausencia” del documento que concede el beneficio de la pre-liberación fue informada en un oficio expedido por la Secretaría General de Gobierno, firmado por el titular Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, y dirigido al Juzgado Quinto de Amparo en Materia Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales.

“…Por acuerdo del C Gobernador Constitucional del estado, se informa que NO existe resolución del cinco de abril de dos mil uno…”, aduce el documento oficial.

Sin embargo para el litigante, Samuel Porras esta argucia resulta “hasta ridícula” pues la resolución del 5 de abril de 2001, firmada por el entonces representante del Ejecutivo, Melquiades Morales, concediendo el beneficio, fue el documento usado para reaprender a Simitrio por orden de una cadena de funcionarios públicos que dejaron constancia legal.

Dicho documento que ahora no consta en los archivos fue documentado, según consta en actas, el 11 de diciembre de 2014 por la Directora de Sanciones, Ruth Karina Andraca Huerta, funcionaria de la SGG.

Así como por Claudia Lizzete Cajica Morales, Ministerio Público dentro del proceso 113/1989, e incluso en la resolución del 18 de diciembre de 2014, por Olga Margot Cortés León, Juez Quinto de lo Penal y quien revocó dicha resolución que llevó a Simitrio al penal en el que se mantiene desde entonces.

¿Todos estos funcionarios trabajaron en el aire?, ¿mintieron?, cuestionó el abogado quien sostuvo que el documento fue desaparecido para no tener la prueba de lo inconstitucional de la aprehensión de “Simitrio” quien ha cumplido 22 meses en el penal de San Miguel cuando fue reaprehendido en 2014 en una “trampa del Estado”.

En un amparo promovido por Porras quedó establecido que la juez Olga Cortés León no era competente para revocar la sentencia a Simitrio pues fue ordenada por el titular del Ejecutivo en 2001.

La reaprehensión de Simitrio el 19 diciembre de 2014 fue dictada por el gobierno de Rafael Moreno Valle interrumpiendo la resolución que era vigente el 10 de enero de 2015.

El líder de la UPVA “28 de Octubre” tras una reunión con el secretario de gobernación municipal Guillermo Aréchiga Santamaria, fue detenido con lujo de violencia por un grupo de hombres que lo subieron a un automóvil Jetta negro sin placas. Lo que pareció ser un secuestro fue explicado luego como una detención ordenada por el Juzgado Quinto.

Tonatiuh Sarabia, hijo de Simitrio, denunció que antes de ése día a su padre le habían negado firmar en los juzgados como parte de la obligación que tiene por su libertad condicionada.