Contratos de filial de Televisa son información pública: CAIP

La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ordenó la desclasificación del expediente de contratos de la empresa filial de Televisa Creatividad y Espectáculos S.A de C.V. (CREA) que prestó servicios al gobierno de Rafael Moreno Valle, información que el gobierno había ocultado mediante reservas de información.

Las reservas fueron calificadas como ilegales por la comisionada Norma Estela Pimentel quien dijo que se violaron una decena de artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado así como de la Ley General.

En la 20 sesión ordinaria celebrada en la CAIP, Pimentel desechó los argumentos del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Convenciones y Parques, Fiscalía General del Estado, Puebla Comunicaciones, Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Infraestructura y Transportes, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Turismo y de la Secretaría General de Gobierno, que habían pretextado la clasificación de la información como reservada por estar en auditoría.

La comisionada expuso que el ocultamiento de la información inició desde 2014 negándose a entregar el “listado en el que se detallen los contratos firmados con la empresa Creatividad y Espectáculos S.A de C.V. (CREA) entre enero de 2011 y mayo de 2016, que incluya el número del contrato, el monto que se le pagó, servicio proporcionado – incluyendo el nombre del evento organizado y la fecha en la que brindó el servicio ”, según la solicitud hecha por el director del portal de noticias Lado B, Ernesto Aroche Aguilar.

En diciembre de 2015, el comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez resolvió el expediente quizá más numeroso en la CAIP, y ordenó la entrega de los contratos pero las dependencias simplemente pasaron por alto el mandato.

Al inicio de 2016, la CAIP anunció que el caso sería llevado ante la Secretaría de la Contraloría para las sanciones correspondientes. En mayo, tras la homologación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se volvió a solicitar la información sólo para recibir como respuesta que “por haberse iniciado una auditoría a esos contratos la información estaba clasificada”.

La respuesta 00251216 Secretaría de Turismo estableció : “Me permito comentarle que esta Dependencia se encuentra imposibilitada para atender su petición de manera favorable, en razón de que la información por usted solicitada se encuentra restringida bajo la naturaleza de información reservada derivado del proceso de auditoría, en el que actualmente se encuentra la misma.” El texto fue replicado casi idéntico en las otras respuestas.

Ilegal la clasificación de información

“Los Sujetos Obligados en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones legales de la materia, procedieron a la clasificación total de la información pero las restricciones al acceso no cumplen con lo dispuesto por el marco legal”, dijo la comisionada Norma Pimentel.

Agregó que “los Sujetos Obligados no se apegaron a la normatividad en materia de clasificación tanto en lo dispuesto en la Ley estatal como en los lineamientos que al efecto ha emitido el Sistema Nacional de Transparencia”.

Explicó que según las constancias no se advierte que los sujetos obligados hayan procedido en términos de lo dispuesto por los artículos 125, 126,128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y en cuanto a la información pública de oficio –añadió- no es susceptible de clasificarse como reservada.

Los Sujetos Obligados deberán observar los dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como sus correlativos 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, concluyó.

La comisionada ordenó a las dependencias que se pronuncien en una resolución fundando y motivando la clasificación de la información, de conformidad con lo dispuesto por la ley así como para la elaboración de versiones públicas, excepción realizada a la Secretaría de Infraestructura del Estado, que argumentó un Acuerdo de Reserva distinto y general.

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