Comunidades afectadas por Earl no han recibido ayuda, denuncian

Presidentes de 26 juntas auxiliares y jueces de paz de 15 comunidades de la Sierra Norte de Puebla afectadas por la tormenta tropical “Earl”, aseguraron que ignoran el destino de los millones de pesos que autoridades dicen haber erogado para revertir los daños materiales en el municipio de Huachinango que vive actualmente en condiciones infrahumanas.

En rueda de prensa acusaron que desde el 7 de agosto cuando el huracán tocó tierra en Puebla, habitantes viven a la fechacubriéndose con láminas tras la destrucción de sus viviendas. Hay personas incomunicadas, caminos destruidos e incluso el padrón de desaparecidos sigue pendiente en Cuacuila, Papatlatla, Cuautitla, Tenango de las Flores, Alseseca, San Miguel Acuahuatlan, Xilocuautla, Matlaluca, Papatlaxolco, Ayohuiscoautla, Michuca, Teopancingo Bajo, Ocpaco, El Mirador.

Eugenio Pérez Ahuacatlitla, presidente auxiliar de Cuacuila; Agustín Tellez García, de Tenango de la Flores, y Jesús Tomás Hernández Cruz, Juez de paz de Puga advirtieron que pobladores viven en “mucho riesgo” si siguieran las lluvias intensas pues la tierra está reblandecida y las autoridades –federales, estatales, municipales- no han atendido las zonas de desastre.

“En los primeros días hubo mucho alboroto y visitas constantes de funcionarios a las zonas afectadas. Sólo fueron a sacarse la foto para los medios y las redes sociales, pero nada más, pues hasta el momento, a más de dos meses del siniestro, no ha habido respuestas en los hechos. Por el contrario, hay caminos destruidos aún, intransitables. Casas, colonias y calles completas en zonas de riesgo que no pueden ser ya habitadas, escurrimientos de agua y desgajamientos que pueden seguir generando problemas en el corto o mediano plazo y una serie de más problemas que lejos de comenzar a ser resueltos, los han dejado en el olvido”, aseveraron.

Advirtieron que las zonas más dañadas son comunidades indígenas de escasos recursos, marginadas y discriminadas que necesitan ser incluidas y atendidas de inmediato.

Mario Galicia, del Comité Nacional de Estudios de la Energía de Petróleos Méxicanos (PEMEX) ,aseguró que el reporte del Cenapred queda “mucho a deber”, pues la realidad confirma que los daños por el paso de Earl fueron “maquillados” y que es urgente el gobierno federal, estatal y municipal volteé a ver las comunidades.

Aseguró que existen comunidades que aún están actualizando la lista de desaparecidos pues muchos no ha sido tomados en cuenta y podrían sumar 50.

“Hay padrones incompletos de desaparecidos y de personas que perdieron sus casas. De muertos parece que siguen en 30, número oficial. A la fecha supimos que habían girado fondos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Programa Nacional de Emergencias, pero en nuestras comunidades no se han aplicado, no ha llegado el recurso”.

Urgente la intervención estatal

Además de la urgente intervención en caminos y puentes incomunicados pidieron un sistema pluvial en calles, caminos y carreteras para evitar futuros desgajamientos y asentamientos además de infraestructura que dé seguridad en las zonas que quedaron dañadas y fracturadas.

Exigieron parar los proyectos de muerte que generan erosión y deforestación pues pese a la vulnerabilidad de la zona se continúan perforando las entrañas de la sierra.

Aseguraron que el presidente de Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo, pese a la situación infrahumana en las regiones, continúa sin atender las necesidades, que al mismo tiempo se complican como la inseguridad y los problemas que generan las calles cerradas por obras de remodelación del centro.

“Ante la inoperancia del presidente municipal y la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal, estamos aquí exigiendo nuestro derecho a ser atendidos en lo inmediato”, coincidieron las autoridades comunales que exigieron la rehabilitación del tramo de carretera que comunica a la cabecera municipal de Huauchinango con la comunidad de Cuacuila, con una extensión de 2.5 Km.

La reubicación, dentro de la comunidad de Cuacuila, de 48 familias cuyas viviendas fueron destruídas; la construcción de muros de contención a la clínica del IMSS, de la comunidad de Cuacuila así como la rehabilitación del tramo carretero de la junta auxiliar de Venta Grande a la comunidad de Teopancingo Bajo, de 7 kilómetros y de la Avenida Juárez, en dirección al barrio del Centenario, con una extensión de 800 metros, demandaron.

Dijeron también que en la comunidad de Ocpaco, la zona está destruida y a la fecha intransitable ocasionando que la gente enferma tenga que salir “en hombros”.

“En Ocpaco tenemos que cargar a los enfermos, el camino ha sido destruido, a pesar de que hemos solicitado de todas las formas en oficio y en llamadas informales, la ayuda no llega”, precisó el Juez de paz, Manuel Cruz Cortez.

Urgieron igualmente a la rehabilitación del tramo de camino de la comunidad de Nopala, hacia Alseseca, con una extensión, aproximada 4 kilómetros de la carretera de Cuautlita hacia Nuevo Necaxa, de aproximadamente 5 kilómetros, así como del camino que comunica del barrio de Tzahuinco, de Tenango de las Flores, a la comunidad de Acatlán, de 3 kilómetros.

Exigieron la construcción de un muro de contención de la avenida principal, en la comunidad de Papatlazolco; lareparación del tramo carretero que comunica a la junta auxiliar de Nopala con la comunidad de Matlaluca, de aproximadamente 4 kilómetros.

Lo mismo también para la rehabilitación de la vialidad que comunica desde la colonia 5 de Mayo, de Huauchinango, a la comunidad de Puga y a la junta auxiliar de Venta Grande, de aproximadamente 5 kilómetros y la reubicación, dentro de la comunidad de Papatlatla, de 10 familias del barrio del Centro cuyas viviendas fueron destruidas.

Las autoridades comunales aseguraron que tuvieron que crear la Asociación de Presidentes Auxiliares, Jueces e Inspectorías del Municipio de Huauchinango tras la embestida del presidente municipal quien ha castigado, bajando recursos, a quienes se han atrevido a denunciar.

Antes de la rueda de prensa, enviados del Subsecretario de Gobernación, Luis Arturo Cornejo, ofrecieron a los representantes una reunión con la condición de suspender el encuentro con los medios de comunicación.

“Hemos pedido desde el mes de agosto y septiembre una reunión con las autoridades pero había sido pospuesta. Denunciamos que cualquier percance o daño que suframos es atribuible a las autoridades de la Secretaría de Gobernación”, dijeron los habitantes inconformes.