La creación del Tribunal de Justicia Administrativa con jueces propuestos por el gobernador hasta por 15 años, una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura, forman parte de los conceptos que contiene la iniciativa de reforma para echar a andar el Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla.

La propuesta que presentó Rafael Moreno Valle Rosas este miércoles -a cuatro meses de concluir su sexenio-, plantea además laobligación a los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, así como el nombramiento del contralor estatal por parte del Congreso del Estado.

Según los términos de la propuesta de reforma constitucional, con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa se dirimirán controversias entre particulares, mientras que con la Fiscalía Anticorrupción se impondrán sanciones penales en contra de los funcionarios que incurran en estas prácticas, además de que su titular será nombrado por el Fiscal General.  

Las auditorías se harán en tiempo real, por lo que se eliminan los principios de anualidad y posterioridad.

Tribunal Administrativo tendrá magistrados por 15 años

La iniciativa que será analizada por los diputados locales establece la creación del Tribunal de Justicia Administrativa  que estará conformado por tres magistrados que durarán en su encargo “15 años improrrogables”, los cuales serán propuestos por el gobernador y ratificados por la mayoría del Congreso.

La propuesta establece que se trata de un órgano que está dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones y “tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal”.

Retoman idea del Consejo de la Judicatura

La reforma constitucional establece la creación  del Consejo de la Judicatura, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado.

Se establece que tendrá independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones, mismo que estará integrado por el presidente del TSJ, quien también será presidente del Consejo, por dos consejeros designados por el pleno del Tribunal, así como un Comité Consultivo.

Respecto al Comité Consultivo se integrará por dos miembros con carácter honorífico, uno designado por el Congreso del estado y otro por el gobernador.

Se destaca que los consejeros serán designados por el pleno del TSJ deberán gozar de reconocimiento en el ámbito judicial.

“En el caso de los integrantes del Comité Consultivo éstos tendrán el carácter de honoríficos y por tanto no tendrán derecho a remuneración alguna por el ejercicio y no podrán desempeñar cualquier otro cargo”, se agrega.

Entre las funciones del Consejo de la Judicatura se encargará de la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, así como de los demás asuntos que la Ley determine.

Respecto a la duración de los integrantes del Consejo establece que, salvo el presidente, durarán hasta cinco años en su cargo y serán substituidos de manera escalonada además de que podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

Eliminan aprobación de la cuenta pública estatal fraccionada

En la iniciativa del Ejecutivo se elimina la aprobación fraccionada de la cuenta pública del Ejecutivo estatal correspondiente al último año de la administración, misma que fue propuesta en el sexenio de Mario Marín.

Con este esquema, el Ejecutivo en turno lograba que el mismo Congreso que lo acompañaba en su último año de gestión le aprobara la parte final de su cuenta pública y no los nuevos diputados en caso de que hubiera cambio de legislatura.

“Quien hubiere fungido como su titular (del Poder Ejecutivo), la presentará (la cuenta pública) ante el Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado, dentro de los primeros cinco días del mes de enero del año siguiente, la cual se examinará, revisará calificará y aprobará en este Periodo de Sesiones”, establece el artículo 50 que será derogado.

Esa misma legislación prevé la aprobación de la cuenta pública de enero a junio (del último año de la administración estatal) durante el tercer periodo ordinario de sesiones; mientras que la cuenta pública parcial de julio a octubre se revisará y aprobará durante el tercer periodo ordinario de sesiones, conceptos que serán derogados.

Otra adecuación constitucional se refiere a que la Auditoría Superior del Estado tendrá ocho meses después de su presentación para resolver los informes de resultados de los sujetos de revisión. En la legislación actual no se prevé esa temporalidad, por lo que existenrevisiones congeladas desde hace cinco años.

También se establece que la Cuenta Pública del estado y de los Ayuntamientos se deberá presentar por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Local a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente.

Servidores estarán obligados a transparentar patrimonio

Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.

Queda pendiente la sanción penal por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.

La reforma establece que el Sistema Estatal Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Asimismo, estará conformado por un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por sucontribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

Se preparan reformas a otros ordenamientos

Para revisar las acciones en materia anticorrupción se creará un Consejo Ciudadano con representantes de la sociedad civil.

A decir de Patricia Leal Islas, presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, tras la reforma a la Constitución local se tendrán que actualizar otros seis u ocho ordenamientos en el estado.

“Una vez que se actualice, a principios de enero la legislación local se incorpora al Sistema Nacional Anticorrupción”.

Es de resaltar que la reforma en la materia es una adecuación a la ley en la materia a nivel nacional, misma que fue aprobada en junio de este año y establece entre otros conceptos establece la creación de “espejos”, es decir sistemas anticorrupción locales en los estados, así como un Comité de Participación Ciudadana.

Llama RMV a combatir la corrupción

Durante su discurso, Rafael Moreno Valle llamó al combate a la corrupción al margen de diferencias partidistas.

Resguardado por granaderos que realizaron un operativo en las calles que rodean al Congreso del Estado, Moreno Valle afirmó que la corrupción es un cáncer que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del país”.

“Acudo para presentar la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción. Se va a sancionar con responsabilidades administrativas y penales. Permitirán a Puebla sumarse al Sistema Nacional Anticorrupción”.

El PRI se suma a la propuesta de RMV

En tribuna, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, diputado local del PRI, subrayó que la impunidad es “el principal cáncer del pacto social”.

“Esta iniciativa es una realidad. Sumemos a dar certidumbre en los ciudadanos. Que sea práctica, que se garantice transparencia. Que se fortalezca a las instituciones ante los ojos de los ciudadanos”.

Respaldó la propuesta de Moreno Valle para aplicar estas medidas más allá de los intereses personales, de filias y de fobias.

“Donde se respete el estado de Derecho. Cerremos el camino a la corrupción.

Asumamos la responsabilidad de manera conjunta. Vamos a construir juntos la Puebla que todos queremosSeñalemos al corrupto. Denunciemos de manera pública a los malos servidores”.

No la dejamos para el final del sexenio

Patricia Leal Islas rechazó que la administración de Rafael Moreno Valle, de la que formó parte como contralora estatal, haya dejado pasar el sexenio para presentar su propuesta.

Sostuvo que en su momento el mandatario exigió a sus funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial, además de que se mejoraron los índices de transparencia.

“Hay que recordar que el sistema anticorrupción lo impulsó el PAN a nivel nacional. Las entidades tenemos el compromiso de armonizar nuestras legislaciones”.

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