Que Fiscalía General y PGR investiguen riqueza de Gali: PRI

Ciudad de México. Por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en que habría incurrido José Antonio Gali Fayad como funcionario estatal y municipal de Puebla, la diputada federal del PRI, Xitlalic Ceja García, busca que la Fiscalía General en la entidad poblana y la PGR lleven a cabo la investigación correspondiente.

La legisladora priísta destacó que de acuerdo al informe 2016 del Observatorio de Salario Justo de la Universidad Iberoamericana Puebla, la entidad poblana es la segunda con mayor desigualdad en el país, ya que tan sólo el 1% de la población posee una tercera parte de la riqueza que se genera en el estado de Puebla.

Ello, dice la diputada, es muestra clara de que tanto Rafael Moreno Valle Rosas como Gobernador y José Antonio Gali Fayad como alcalde, se condujeron a partir arbitrariedades, inequidades y opacidad, en detrimento de la población.

Esto, aunado a problemáticas como la deuda pública que generarán los Proyectos de Prestación de Servicios, el incorrecto funcionamiento del Metrobús, los altos índices de pobreza, la inseguridad, la corrupción, el desempleo, la violencia de género, la violación a los derechos humanos y el excesivo gasto en la promoción del actual Gobernador.

Y mientras en Puebla algunos cuantos reciben grandes beneficios y privilegios, el 70% de la población ocupada se encuentra en la informalidad.

Además, versiones periodísticas destacan que José Antonio Gali Fayad, candidato a la gubernatura del estado de Puebla por la Coalición “Sigamos Adelante”, cuenta con una amplia cadena de antros y restaurantes en la entidad. Y es propietario de un inmueble con valor de 70 millones de pesos, ubicada en un sitio exclusivo de la capital del estado de Puebla.

Entre otras propiedades de lujo en Miami y en Punta Diamante, Acapulco.

Las mismas versiones periodísticas señalan que la fortuna inexplicable José Antonio Gali Fayad es de alrededor de 116 millones 500 mil pesos, la cual dista de los 33 millones 481 mil pesos declarados ante las autoridades correspondientes, advierte la diputada Xitlalic Ceja.

La legisladora priísta también recuerda que Gali Fayad está involucrado en los llamados offshore en Panamá, sin dejar de lado que Panamá está considerado como uno de los principales paraísos fiscales a nivel internacional.

“Conforme a las inconsistencias referidas, así como de la percepción ciudadana, queda de manifiesto que existen elementos suficientes para acreditar la comisión de conductas tipificadas como delitos por parte del candidato a la gubernatura del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad”, asegura la diputada federal.

También destaca que el artículo 432 del Código Penal del Estado de Puebla dispone que: “Comete el delito de enriquecimiento ilícito, el servidor público que no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legitima procedencia de los bienes que aparezcan a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, de acuerdo a lo dispuesto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”.

Delito que de acuerdo al mismo ordenamiento, se castigan hasta con 11 años de prisión, destitución, e incluso inhabilitación de 2 a 11 años para desempeñar otro cargo o comisión públicos. Así como el decomiso, en beneficio del Estado o Municipio, de aquellos bienes cuya procedencia lícita no sea acreditada.

En base a lo anterior, este miércoles la diputada Xitlalic Ceja propondrá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que exhorte a la Fiscalía General del Estado de Puebla a llevar a cabo una investigación profesional, integral, objetiva e imparcial por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia por parte de José Antonio Gali Fayad durante su desempeño dentro de la administración pública estatal y municipal de la entidad.

Y que también se haga un llamado a la Procuraduría General de la República, a fin de que lleve a cabo las investigaciones conducentes y deslindar responsabilidades en la probable comisión de ejercicio indebido de recursos federales por parte de José Antonio Gali Fayad, durante su administración como Presidente Municipal de Puebla.