A un mes de que arranque la campaña electoral, el gobernador Rafael Moreno Valle envió un paquete de reformas al Congreso local con el que pretende regresar de manera parcial el servicio del registro civil a las juntas auxiliares, pero responsabiliza de manera penal a los  presidentes auxiliares en caso de incurrir en falsificación de documentos, falta que será calificada como delito grave.

La propuesta del Ejecutivo busca corregir la medida que en diciembre de 2013 impulsó la bancada del PAN y que aprobó la LVIII Legislatura, con la que se les retiró la facultad a los presidentes auxiliares de hacerse cargo del servicio del registro civil y se entregó a la Secretaría General de Gobierno (SGG).

El retiro de los registros civiles a las juntas auxiliares provocó que los habitantes de las mismas iniciaran protestas contra el gobierno de Moreno Valle, las cuales culminaron con el enfrentamiento del 9 de julio de 2014 entre la policía estatal y habitantes de San Bernardino Chalchihupan, en el cual fue herido el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien una semana después falleció.

También hubo aprehensión de habitantes que participaron en la manifestación, así como la detención en noviembre de ese mismo año de Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quien permanece preso.

Reforma a Ley Orgánica municipal

En la justificación que el Ejecutivo presenta ante el Congreso señala que la intención es que los presidentes auxiliares “coadyuven” con el estado en la prestación de los servicios del registro civil.

“Que con la finalidad de facilitar a los ciudadanos la prestación de los servicios que corresponden al Registro del Estado Civil de las Personas, es viable y oportuno que las autoridades municipales coadyuven con esta función estatal, considerando la familiaridad e inmediatez que estas tienen con los ciudadanos, permitiendo además que el mismo se preste de manera eficiente”.

“La presente iniciativa tiene por objeto asegurar a los ciudadanos los medios necesarios para contar con una identidad particular y su constatación con carácter oficial, así como proveer los mecanismos institucionales y normativos necesariosque operen el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona, y las variaciones a su estado civil, así como evitar que se incurra en irregularidades en el desempeño de este servicio por parte de las autoridades que lo presten.

El proyecto que analizarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia contempla modificar artículos de la Ley  Orgánica Municipal, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimientos en Materia de  Defensa Social.

Reformas responsabilizan a ediles penalmente

La propuesta plantea adicionar la fracción XVII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, misma que en la reforma de diciembre de 2013 fue derogada, en la cual se les quitó la facultad a los presidentes municipales de ayudar en las funciones del registro civil.

Además se incluye en la fracción IX del artículo 231 del mismo ordenamiento, que los presidentes auxiliares podrán “coadyuvar con las autoridades del Registro del Estado Civil de las Personas en términos de las disposiciones aplicables”.

Sin embargo, este cambio en el apartado de la Ley Orgánica Municipal expresa que los presidentes auxiliares “serán responsables penal y administrativamente por las faltas en las que incurran en la prestación de este servicio”.

La sanción que se impondrá a los ediles subalternos que incurran en falsificación de documentos públicos será de ocho años y multa de doscientos a mil días de salario, como lo propone el artículo 253 del Código Penal.