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Seguridad
Con nuevo sistema penal, juicios se resolverán en 9 meses señala la CEAMPAJ
Foto Agencia Enfoque
Con la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el tiempo para resolver un juicio en donde hay empresarios involucrados se reducirá en aproximadamente nueve meses, en comparación con el sistema de justicia tradicional, en el cual un proceso demoraba hasta 16 años, informó Guillermo Vicente Fernández de la Maza, secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y la Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ).
Durante la inauguración de la “Séptima Conferencia de Prensa de la Red Nacional de Voceros”, el funcionario afirmó que estos cambios garantizan la reparación del daño, el acceso a la justicia, protección a víctimas y la presunción de inocencia.
Horacio Peredo Elguero, presidente de la Canacintra, mencionó que el “robo hormiga” es uno de delitos que más afectan a las empresas, por lo que muchas de ellas tuvieron que cerrar porque los juicios que emprendieron fueron incosteables y tardíos, lo que les generó cuantiosas pérdidas.
En ese sentido, Fernández de la Maza sostuvo que con el nuevo sistema se garantiza la resolución de conflictos en plazos menores y a través de alternativas como la mediación, además de que los afectados podrán ahorrarse hasta un 70 por ciento en gastos, pues en el sistema tradicional, tan sólo el costo de la etapa de averiguación previa es de 15 mil 198 pesos y ahora se puede reducir a mil 566 pesos.
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“En el sistema de justicia tradicional un proceso tardaba en resolverse de 170 a 180 días, ahora , suponiendo que se llegue a la etapa de juicio oral, el proceso tardaría 96 días. Si se opta por justicia alternativa, la resolución de los asuntos tiene un promedio de 30 días”, dijo.
Lo anterior, aseguró, da confianza a los empresarios e incentiva la economía, abre oportunidades de empleo y propicia un crecimiento integral del país. Al dar certeza jurídica, se garantiza a las pequeñas y medianas empresas recuperar en un menor tiempo las pérdidas ocasionadas por un delito sin que éste quede impune.