En lo oscurito, aprueban control sobre servicios de Chiapa

En opacidad, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó la iniciativa propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle para que la administración estatal asuma por un periodo de 30 años la prestación de los servicios públicos, otorgar licencias sobre el ordenamiento y regulación del desarrollo urbano, administrar contribuciones y asesorar en la elaboración de reglamentos en el municipio de San José Chiapa, en donde actualmente se construye la ensambladora de autos Audi.

La validación del dictamen se dio en medio de la discusión de la reforma secundaria en materia electoral y sin que se informara sobre la reunión del órgano legislativo, el cual preside el diputado del PRI, José Chedraui Budib.

El martes pasado, el ejecutivo envió el proyecto y , de acuerdo con versiones del Poder Legislativo, la discusión en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se dio la noche del jueves.

El proyecto es similar en junio pasado presentó Jorge Aguilar Chedraui, coordinador de la bancada del PAN, el cual pretendió la incorporación de cuatro párrafos a la fracción II del artículo 104 de la Constitución, para que los ayuntamientos cedieran al sector privado la operación de los servicios públicos municipales.

Sin embargo, ante las críticas que recibió la iniciativa, Aguilar Chedraui anunció que el documento sufriría modificaciones, mismas que nunca dio a conocer y que hasta el momento no han sido analizadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Gobierno tendrá el control de servicios en San José Chiapa

El dictamen que aprobó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal plantea que por medio de un acuerdo, el ayuntamiento de San José Chiapa está obligado a transferir al gobierno del estado los recursos que le sean asignados para dichos fines, así como los derivados de las contribuciones mencionadas.

El acuerdo tiene una duración de 30 años a partir de que sea aprobado por el Congreso local, sin embargo, podría terminar de manera anticipada sin que medie una resolución judicial, pues sólo se requerirá una notificación por alguna de las partes con un tiempo de anticipación de 120 días a la fecha en la que el convenio fenezca.

Sin embargo, si es el ayuntamiento el que desea dar por terminado el convenio, debe contar con el respaldo de las dos terceras partes del Cabildo para tal fin.

Dentro de las facultades que tendrá el gobierno del estado o alguna de sus dependencias, es que se hará cargo en forma temporal de la prestación de servicios públicos como: agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección de basura en mercados, calles y parques.

Además, se encargarán de otorgar las licencias, permisos o autorizaciones en materia de construcción, colocación de anuncios y funcionamiento de comercios, así como de administrar las contribuciones generadas el control de los servicios.

La iniciativa que envío el ejecutivo se ampara en el artículo 115 de la Constitución, el cual refiere que los municipios podrán coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos con dos o más estados, siempre que cuenten con la aprobación del Poder Legislativo