Repartirán bienes enajenados por el estado entre víctimas

Retirar el concepto de delincuencia organizada y establecer que los bienes que enajene el estado deberán de utilizarse para la reparación del daño a las víctimas, es parte de la iniciativa que el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso para reformar la Ley de Extinción de Dominio.

El proyecto propuesto por el Ejecutivo plantea reformar 38 artículos, adicionar párrafos a siete apartados y derogar fracciones de cuatro numerales.

De los cambios más significativos está la derogación de la fracción IV del artículo 2, en el cual en la Ley de Extinción de Dominio señala que se entenderá por "delincuencia organizada" cuando un grupo de tres o más personas actúen con fines predominantemente lucrativos.

De igual manera, en la reforma al segundo párrafo del artículo 3, la iniciativa del mandatario estatal propone que: "los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio aplicarán preferentemente en la reparación del daño a las víctimas y de los ofendidos", situación que actualmente no se prevé en el ordenamiento publicado en marzo de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.

Actualmente, el enunciado referido establece que los bienes sobre los que se pierden los derechos quedarán a disposición de la administración estatal, así como que éstos por acuerdo de gobernador se destinarán al bienestar social, procuración de justicia y seguridad pública.

En el documento que se envió al proyecto se establece que los bienes ahora tendrán que destinarse en partes "proporcionales" a los rubros referidos.

En la presentación de la iniciativa, se precisa que los cambios forman parte de una armonización de los conceptos que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor en julio de 2016.

Las modificaciones previstas en la iniciativa del Ejecutivo son en el cambio de conceptos, al sacar el concepto de medida cautelar y sustituirlo por medidas precautorias, como se aprecia en los artículos 21 y 22.

Otro modificación en la redacción es el dejar de utilizar el acuerdo de aseguramiento por medidas cautelares.

El análisis de la iniciativa estará a cargo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la cual preside el panista Víctor León Castañeda.

En total, los diputados que integran dicho órgano legislativo analizarán reformas a los artículos 2, 3, 4, 5, las fracciones I y II del 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 222, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 53, 56, 59, 60, 67 y 68.

Las adiciones son para los numerales 15, 24, 27, 32, 34, 50 y 60; mientras que las derogaciones se proponen para la fracción IV del artículo 2, 7, la fracción IV del 38 y 39.