Sociedad
Preocupa a ONGs que gobierno espíe a activistas sociales
Estas acciones son parte de una guerra de baja intensidad que tiene como objetivo causar terror y desmovilizar
Defensores de Derechos Humanos y académicos mostraron su preocupación por las violaciones a las garantías ciudadanas que cometen las autoridades al usar sistemas de vigilancia de redes sociales y telefonía, y que incluso han llegado a utilizar drones para reunir información de ciudadanos poblanos.
Carlos Figueroa, coordinador del Programa de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y secretario de Derechos Humanos y Sociales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e Israel Sampedro, representante en Puebla de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH), acusaron que estas prácticas “que se afinan” son parte de la administración policiaca del gobernado Rafael Moreno Valle.
Coincidieron en señalar que la visión de seguridad del Estado es la criminalización a priori, recargando de antemano prácticas abusivas a cualquier opositor, violando sus derechos humanos y al debido proceso,.
Carlos Arafat Rosas, uno de los siete jóvenes detenidos por supuestos actos terroristas en las instalaciones del INE, la delegación federal de Economía y el Metrobús, acusó en el foro “Represión a Estudiantes de la UAP. Caso 5 de junio”, una infraestructura descomunal de seguimiento y vigilancia contra estudiantes que alcanza el uso de drones para espionaje contra jóvenes.
Reveló que en el expediente abierto por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se alcanzan a apreciar fotografías periféricas, de arriba hacia abajo y no de manera vertical.
“En las fotos salgo abriendo la puerta de mi recámara que da hacia el patio, y no hay ninguna cámara de nosotros ni ajena”, dijo.
Afirmó que los teléfonos de los estudiantes señalados, tanto celulares como de casa, están intervenidos, hay ecos, recargas electrónicas que no llegan, distorsiones de voz; sus cuentas personales en redes sociales también son espiadas.
Rosas aseguró que la vigilancia policial comenzó desde el mes de abril, luego de las detonaciones ocurridas el pasado 27 de marzo, desde entonces, han sido monitoreados.
CISEN EN LA UAP
Para el defensor de derechos humanos Israel Sampedro, las acciones de “inteligencia”, están inscritas en una campaña policiaco-militar del Estado en el ámbito federal, estatal, municipal y que alcanza al ámbito universitario.
“En Puebla se comprueba la total coordinación de la universidad con el Estado, donde dicha colusión es más que evidente con la persona de René Valdivieso Sandoval, Secretario General de la BUAP y operador de los organismos de inteligencia policial, quien en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, vigila, persigue y golpea a los estudiantes y organizaciones universitarias que se pronuncian contra el actual régimen y sus instituciones”, habría denunciado Israel Sampedro en un comunicado.
Sampedro insistió en que es evidente la presencia de elementos del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN) en las instalaciones de la máxima casa de estudios.
Citó el caso de Ollin Amaro Ayometzi, a quien después de las amenazas que recibió en febrero y abril, continúan vigilando en el interior de la universidad.
“El pasado 27 de mayo, se identificó a una mujer de aproximadamente treinta años de edad tomando diversas fotografías a Ollin en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, que al percatase de haber sido detectada trató de alejarse rápidamente en dirección al estacionamiento de la Facultad de Economía en donde fue recogida por una camioneta tipo suburban, marca Honda, color gris, con placas TXX 70 88 del estado de Puebla”, se detalla en un reporte del organismo.
“Luego de eso, el jueves 4 de junio, entre las 11:00 am y las 12:45 pm, un día antes de la detención de los estudiantes detenidos, una agente del CISEN andaba rondando la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esto demuestra claramente la colusión de la UAP con el Estado mexicano”, citó el defensor.
Guerra contra ciudadanos
Para Sampredro, estas acciones son parte de una guerra de baja intensidad que tiene como objetivo causar terror, desmovilizar, acallar y desarticular a todos aquellos sectores populares que se organizan frente a la imposición y amedrentamiento del gobierno del estado encabezado por Rafael Moreno Valle.
“Estas son las huellas que marcan y caracterizan la esencia violenta de la actual administración que supera las administraciones anteriores”
Israel Sampedro también llamó la atención que hasta la fecha ningún grupo se ha adjudicado los hechos y no existe evidencia de que fueran grupos estudiantiles No han sido reivindicados por ningún grupo ni se han adjudicados este hechos. “El gobierno del estado o algún grupo de poder pudieran haber sido los culpables como ha sido señalado por organizaciones sociales”, acotó.