Condenan impunidad por la muerte de José Luis Tehuatlie

A casi un año de distancia del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, perpetrado por policías estatales, ningún funcionario ha sido sancionado por el hecho, lamentó Misraim Hernández Fernández, representante de la asociación civil Contingente Puebla.

Después de analizar un reporte emitido por el gobierno mexicano, este martes el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el fallecimiento de José Luis no ha sido esclarecido y que no se ha logrado justicia en el caso.

Sobre la conclusión del organismo internacional, el activista lamentó que el gobierno de Puebla sostenga hasta la fecha que el tema sí fue aclarado y finiquitado ante esa instancia. Asimismo sentenció que ese tipo de “engaños” es una característica constante de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Fue el pasado 9 de julio cuando un proyectil de gas lacrimógeno que fue lanzado por elementos de la Policía estatal alcanzó en la cabeza a Tehuatlie Tamayo, hecho que posteriormente provocó su muerte.

Los elementos de seguridad pública realizaron un operativo para dispersar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco que realizaron ese día pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan para exigir la restitución del servicio del Registro Civil.

El 19 y 20 de mayo, una delegación de funcionarios mexicanos compareció ante el CRC de la ONU a fin de explicar la situación de los derechos de los niños en el país, reunión en la que fueron cuestionados sobre los avances en el esclarecimiento del asesinato de José Luis.

Nadie ha sido sancionado

A menos de un mes de distancia de que se cumpla un año de los hechos, el gobierno del estado no ha identificado a los responsables y no ha sancionado a alguien. “Nadie está en la cárcel”, fustigó Hernández.

Sin embargo, continúo el activista, el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Jorge Benito Cruz Bermúdez, declaró que el tema había sido aclarado a la ONU por el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien formó parte de la delegación mexicana. “El gobierno de Puebla mintió sobre lo ocurrido y sigue mintiendo”, añadió.

“La situación es grave porque estamos a un mes del aniversario del fallecimiento de José Luis y no se ha hecho nada”, puntualizó.

Sigue en pie estrategia jurídica

En este sentido, comentó que sigue vigente la estrategia jurídica que un grupo de activistas, entre estos Contingente Puebla, lleva a cabo para obligar al gobierno poblano a esclarecer el caso.

Explicó que para poner en marcha ese recurso es necesario que se agoten todos los recursos locales y nacionales, por lo que celebró que la ONU haya empujado el tema a nivel nacional, pues recordó que una de las puertas que han tocado para pedir ayuda es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Aunque las recomendaciones de la ONU no tienen un carácter jurídico, Hernández Fernández refirió que el gobierno mexicano está obligado a emitir una respuesta sobre el caso, pues forma parte de los países adheridos a los protocolos de este organismo.

Cabe recordar que en septiembre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la administración estatal pues detectó violaciones graves a los derechos humanos en el caso de Chalchihuapan, a fin de que se sancionara a los responsables y se indemnizara a las víctimas, sin embargo a la fecha esta no ha sido cumplida.