Funcionarios, sin castigo por desapariciones forzadas en Puebla

A pesar de que organizaciones no gubernamentales han hallado indicios de más de 3 mil desapariciones forzadas en el estado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguró que no existen órdenes de aprehensión ni averiguaciones previas por ese delito en Puebla.

Por medio de la respuesta 00122315 vía infomex, la PGJ aseguró que luego de una “búsqueda exhaustiva”, no fue posible hallar ningún registro que refiera algún señalamiento mínimo del delito, que en el estado está tipificado en el artículo 304 Bis401.

Al respecto, Israel Sampedro de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) aseguró que en Puebla, como en el resto del país, es mínima la posibilidad de sancionar penal o administrativamente a un funcionario público por cometer una violación grave a los derechos humanos, como es la desaparición forzada

Para Sampedro, se trata de “una magia legal”, pues la redacción del delito mismo, genera impunidad. “La tipificación de desaparición forzada se convierte en una argucia legal para deslindar al Estado de su responsabilidad, pretendiendo hacernos creer que es la responsabilidad de un mal un funcionario, pero no la estructura de gobierno”.

“Al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días de salario mínimo, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años. Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días de salario mínimo”.

El defensor de derechos humanos señaló la redacción tramposa de “Al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima," lo que según él deslinda al aparato de gobierno.

“¿En realidad sería cuantitativamente ‘un’ funcionario? ¿No es esta una forma de deslindar autoridades coludidas y maquinación desde las esferas del poder?”, cuestionó.

La redacción de: "que con motivo de sus atribuciones ¿quién tiene atribuciones para desaparecer?, este apartado limita el ámbito de los funcionarios, reduciéndolos al ámbito penal, pues puede ser un Ministerio Público, el juez, el policía”, detalló.

Al respecto del texto, Sampedro revela la trampa mayor: “Aunque una primera lectura pareciera decir que el servidor público sería culpable de sólo negar la acusación, en realidad el funcionario sabe que se requiere de una denuncia formal configurada con elementos de prueba, y dado que la desaparición no es un acto público o espectacular, ¿quiénes podrían ser los testigos?”, señaló el defensor de derechos humanos.

Funcionarios sin castigo

A la fecha, Sampedro refiere que en materia de desaparición forzada no hay ningún servidor público en prisión, lo que representa una licencia para que los servidores públicos puedan cometer el delito.

Precisó que sigue en la impunidad la detención-desaparición y posterior ejecución extrajudicial del luchador social Fermín Mariano Matías. “Un crimen de Estado que se une a los miles de casos que se recrudecen a nivel nacional de manera masiva”.

Los activistas reconocieron que en Puebla el único caso que se tiene documentado es el de Fermín Mariano Matías, detenido-desaparecido y posteriormente ejecutado en el 2009. “Pero basados en las conservadoras y manipuladas cifras oficiales, sumado a lo informado en notas periodísticas y lo compartido por familiares, amigos que se mantienen en el anonimato y por el temor no se denuncia, podemos afirmar que en nuestra entidad hay más de 3 mil detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, en su mayoría jóvenes que habitan la zona conurbada de la ciudad Puebla”.

Detallaron que un 20 por ciento son mujeres y que es imposible contabilizar a quienes han sido objeto de desplazamiento por falta de empleo, hambre y violencia institucionalizada y que en este proceso son víctimas de desaparición forzada.

En Puebla, como a nivel nacional, se llevan a cabo diferentes actividades del 25 al 30 de mayo, semana internacional del detenido-desaparecido y cierre de la Gira Nacional Desaparición forzada en México, caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad.