Edomex aceptaría aplicar la Alerta de Género: José Manzur

México. D.F. “¿En el estado de México es donde más delitos contra mujeres hay? ¡Sí! pero también es donde existen más mujeres”, así justificó el Secretario General del Gobierno mexiquense, José Manzur Quiroga, el creciente número de feminicidios en su entidad.

Al asistir -en representación del gobernador Eruviel Ávila Villegas- a la reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Manzur Quiroga aclaró que el gobierno del Estado de México no sólo aceptaría aplicar la Alerta por Violencia de Género, sino que quiere hacerlo, toda vez que beneficiaría a las mujeres que habitan en el territorio mexiquense.

Pero destacó que no corresponde al gobierno estatal, sino al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decretar la aplicación de la Alerta por Violencia de Género.

“Nosotros incluso tendríamos beneficios como estado si se determinara aplicar la Alerta de Género. Nosotros lo veríamos con muy buenos ojos”, recalcó el funcionario mexiquense, quien estuvo acompañado del Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

Lo anterior, luego de que las diputadas insistieron en que es grave la inseguridad que enfrentan las mujeres en el Estado de México, al grado de que de enero de 2011 a diciembre de 2012 se documentaron mil 258 casos de mujeres desaparecidas en esa entidad, advirtió la diputada Morena, Loretta Ortiz.

La diputada mexiquense del PAN, Leticia López Salas, destacó que “en el Estado de México 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infringida por su pareja. Sin embargo, por temor a represalias, se denuncian ante las autoridades únicamente nueve casos por cada 100 maltratos”.

Añadió que a partir de las reiteradas solicitudes para que se aplique la Alerta de Género, “el Estado de México dejó de maquillar las cifras de mujeres asesinadas ya ahora se ocultan”.

Pero fue la diputada del PRD, Elena Tapia, quien cuestionó: ¿Por qué no valoran y por qué no se instala la Alerta de Género (en el Estado de México)?

En ese contexto, el también diputado federal con licencia, José Manzur Quiroga, hizo hincapié que en tan sólo 10 meses el Estado de México pasó del octavo lugar a la posición 15, en la medición del índice delictivo nacional.

Y aunque no negó que en la entidad mexiquense sea grave el número de mujeres agredidas, insistió en que ello obedece a que es el estado de la república en donde más mujeres habitan.

Por lo que pidió “que todas las comparaciones que hagan en relación al cualquier delito, las hagamos por cada 100 mil habitantes, que es una medida internacional”.

En su oportunidad, el procurador de justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que aunque el feminicidio ya está tipificado, “no hemos aprendido a medir el feminicidio… no sabemos cómo comparar una entidad federativa con otra, o cómo comparar los hechos violentos contra las mujeres”.

Y sostuvo que, en lo que va de la actual gobierno mexiquense –del 16 de septiembre de 2011 al día de hoy- la procuraduría estatal tiene registrados 194 casos de feminicidio, de los cuales 124 ya fueron judicializados, y de éstos 65 ya son sentencias condenatorias. Además de 66 casos en trámite y cuatro con no ejercicios de la acción penal.

Otro tema que trataron los legisladores con el representante del Estado de México fue lo relacionado con el caso Tlatlaya, pero le funcionario no aportó más información de la que han dado cuenta los medios de comunicación.

Cabe destacar que esta reunión de trabajo del funcionario mexiquense con los diputados federales, se dio en el marco de la invitación que la Comisión de Derechos Humanos hizo también a otros dos gobernadores (Guerrero y Puebla), así como al titular de la CNDH, por lo que se espera que el próximo 30 de abril y en representación del gobernador Rafael Moreno Valle, acuda a San Lázaro el Secretario General de Gobierno de Puebla, Jorge Cruz, para responder los cuestionamientos de los legisladores en torno a la situación que priva en la entidad poblana en materia de derechos humanos.