Advierten 80 órdenes más de arresto contra transportistas

Transportistas del derrotero de la 11 norte-sur aseguraron que son 80 las órdenes de aprehensión contra concesionarios, sobre todo contra los siete delegados de las rutas 1, 25 A y B, 34 A y B, así como de Galgos del Sur y Agua Azul-Mayorazgo.

Además la Secretaría de Transportes (ST) canceló todos los trámites para renovar unidades, pago de multas y entrega de placas para que los transportistas de otras rutas presionen a los permisionarios a que se sumen al proyecto de la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), aunque esta sea un "fraude".

El comienzo del fin

Hace un año ocho meses el entonces subsecretario de Transportes, Carlos Zurita, se acercó a los siete delegados de las principales rutas que corren por la calle 11 norte-sur, donde correrá la segunda troncal de la RUTA, para pedirles que se sumaran al proyecto.

Fue a mediados de 2013 cuando el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el entonces titular del Banobras, Alfredo Maza del Mazo, anunciaron de manera simultánea la construcción de las líneas 2 y 3.

Los transportistas quisieron ver el proyecto, pero para mostrárselos Zurita les dijo que debían firmar un documento donde se comprometían a participar.

En ese momento los empresarios rechazaron la propuesta. El funcionario prometió a quienes se integraran que tendrían permiso para incumplir con el artículo 70 de la Ley de Transportes, donde se establece que las unidades de transporte público deben tener menos de diez años de antigüedad, debido a que para la RUTA deberían comprar nuevas unidades y sería doble gasto.

Algunos, con tal de no renovar su parque vehicular, aceptaron. Pero la gran mayoría decidió no hacerlo por los problemas que tenían los concesionarios de la línea 1, a los cuales se les prometió un pago mensual de 6 mil pesos y nunca se les otorgó.

En enero de 2013 arrancó la línea 1 desde Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, hasta Chachapa, en Amozoc, pero un año y seis meses después tuvo que ser rescata por el gobierno del estado, esto debido al adeudo de 200 millones de pesos, por la compra de camiones, reparación de los mismos y adeudos a los accionistas.

Inicia el hostigamiento

Tras la salida de Zurita de la ST en octubre de 2013, fue Carlos Marín Blanco quien ocupó la subsecretaría y retomó las "negociaciones" con los transportistas.

A diferencia de su antecesor, Blanco optó por las amenazas y el hostigamiento para que los concesionarios se sumaran a la segunda troncal del también llamado Metrobús.

"Es a fuerza, les guste o no", les dijo Blanco a los 568 permisionarios de las rutas Galgos del Sur y Agua Azul-Mayorazgo, así como 25A, 25B, 34A, 34B y 1.

El servidor público aseguró que a quienes no se sumen con la RUTA se les cambiarían los horarios y los trayectos, se les retirarían las concesiones o "hasta situaciones más graves".

Desde ese momento la ST aplicó operativos contra las unidades de siete rutas identificadas en esa vialidad y fueron retenidas por portar adornos, doble corneta, el tipo de llantas y hasta luces decorativas.

Llegaron a estar en los corralones más de 100 vehículos, otros tantos más fueron retirados por los propios dueños ante el temor de que les quitaran las placas.

Pero los transportistas de la 11 norte-sur siguieron sin ceder. Entonces la ST frenó todos los trámites y pagos de multas, ni un sólo concesionario pudo sacar sus unidades del corralón, hacer cambio de modelo o recuperar su tarjetón.

Con eso fueron los propios permisionarios los que comenzaron a presionarlos para que firmaran el documento y se anexaran a la troncal.

Extinción de las rutas del sur

Con la detención el sábado pasado de Ángel Sierra de la Rosa, José Alfredo Sierra Rosete y Rosalina Carpinteyro Calderón, tres de los principales concesionarios de la 11 norte-sur, por supuesta falsificación de documentos, los transportistas descubrieron otra estrategia del gobierno del estado para operar la segunda troncal: la revocación del permiso por haber incurrido en un delito.

Aseguran que son 80 de ellos los que tienen órdenes de aprehensión, sobre todo los siete representantes de las rutas involucradas en el proyecto, entre ellos Delfino Reyes Bocardo, que cuenta con 24 permisos en las rutas Galgos del Sur, San Ramón-Central de Abasto, Titanes y Malacatepec-CAPU.

Después del arresto de sus compañeros, algunos accedieron a firmar y los que no lo han hecho temen ser detenidos, además de que sus vehículos (muchos de ellos aún los están pagando) no se puedan sumar o fusionar con otros derroteros.

"La orden es acabar con las rutas del sur", les había confesado Blanco a los transportistas, quienes ahora se ven acorralados entre la cárcel o quedarse sin fuente de ingresos.