La ley no se negocia, advierte Maldonado tras caso Chalchihuapan

El gobierno del estado aplicó la ley durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco ocurrido el 9 de julio, en el que hubo “daños no intencionales”, como la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años, aseguró Luis Maldonado Venegas, secretario General de Gobierno (SGG), discurso que ovacionaron los diputados de la LIX Legislatura.

Al rendir el informe de las acciones ejecutadas por las Secretarías General de Gobierno (SGG), Seguridad Pública (SPP), Contraloría (SC) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Maldonado Venegas afimró que no podría dejar a un lado los acontecimientos de Chalchihuapan, los cuales también generaron que los policías que participaron tengan “secuelas para toda la vida”.

El funcionario estatal minimizó la demanda de los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan, quienes antes del enfrentamiento se manifestaron para que el gobierno estatal permitiera el regreso del Registro Civil a su comunidad, servicio que se dejó de proporcionar.

Maldonado Venegas sentenció que el conflicto suscitado el 9 de julio, se disfrazó de demanda social para encubrir actos de provocación y violación al marco legal, los cuales afectaron los intereses de terceros, por lo que la única alternativa de la autoridad fue hacer “valer el estado de derecho”

Advirtió que para la administración de Rafael Moreno Valle la “ley no se pacta, no se negocia ni se tuerce”.

PRI solicita explicación sobre uso de la Ley Bala

A través del diputado Sergio Salomón Céspedes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tricolor cuestionó a Maldonado Venegas sobre la manera en qué se aplicó la denominada “Ley Bala” durante el operativo de desalojo de la autopista Puebla-Atlixco.

En su respuesta, el titular de la SGG sostuvo que la ley enviada en mayo de 2014 y aprobada por la legislatura, se “satanizó y estigmatizó”, además de que se le dio un calificativo que la denostó.

"Se satanizó y se estigmatizó al momento de darle un nombre y calificativo a esa ley de la que muchos hablan, pero que casi nadie conoce, y cuando uno los invita a que la revisen pueden constatar que lejos de ser un marco legal para dar protección a las policías y actuar impunemente en contra de manifestaciones públicas, como argumenta sus detractores, es por el contrario, un mecanismo para ajustar y restringir el uso de la fuerza pública".

Desde la Mesa Directiva del Congreso, Maldonado Venegas aseveró que la detención de ocho manifestantes y la muerte de Tehuatlie Tamayo, quien fue herido en la cabeza por un proyectil lanzado por la policía estatal, fue el resultado de una protesta que pasó del sentido social a la generación de la violencia, acción que se comprobó con el uso de cohetones y bombas Molotov por los ciudadanos.

Sanción a 10 servidores públicos; Facundo Rosas intocable

Derivado de la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la administración estatal a través de la Contraloría sancionó a 10 servidores públicos, reveló Malcom Hemmer Muñoz.

El responsable de la dependencia estatal apuntó que se cumplió con los puntos uno y ocho de las 11 recomendaciones hechas por el organismo autónomo.

Aunque Hemmer Muñoz informó que la CNDH solicitó revisar el actuar de Facundo Rosas Rosas, titular de la SSP, no informó qué sanción se le aplicó a su compañero de gabinete.

De los servidores públicos, el contralor mencionó que las sanciones económicas se han establecido desde los 100 hasta los 500 mil pesos, destitución, así como la inhabilitación por 12 años para ser parte de la administración pública.

Sin embargo, no detalló la cantidad total de las sanciones económicas aplicadas, y el número de funcionarios inhabilitados o destituidos.

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