Falta en Puebla justicia social, concluyen en foro de la Ibero

La justicia social no existe en el estado de Puebla, debido a la gran cantidad de presos políticos, la criminalización de la protesta y la justificación de los crímenes de estado, así como por la desigualdad y corrupción, coincidieron los ponentes durante el Foro “Justicia Social en México”, desarrollado en la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA).

Durante su participación, la diputada federal Roxana Luna Porquillo señaló que en la entidad existen más de 100 presos por oponerse al gobierno estatal, de los cuales fue arrestado el 90 por ciento sin una orden judicial y la gran mayoría sufrió un daño patrimonial, que equivale a 6.2 millones de pesos.

Mientras los luchadores sociales, activistas y ciudadanos son detenidos, los responsables del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue herido de muerte el 9 de julio en el desalojo de manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan, salieron de prisión el 24 de diciembre debido a que se degradó su delito.

"¿Cómo puede haber justicia social cuando los delincuentes son de altas esferas del poder?", cuestionó la legisladora, para luego agregar que muchas veces con el argumento de combatir el crimen se aprueban leyes y presupuesto que acaban perjudicando a los ciudadanos.

Ciudadanía se tiene que empoderar

Edson Lechuga, escritor y periodista, sostuvo que los problemas sociales no los va a resolver la clase social y por eso no existe la justicia social ni en México ni en Puebla.

Abundó que en un país donde el tejido social está roto, abunda la impunidad, los funcionarios y servidores públicos se manejan sin ética, así como se criminaliza la manifestación y se justifican los crímenes de estado, no puede haber justicia social.

Por eso Lechuga llamó a que los ciudadanos tomen las riendas de México y asumir su responsabilidad para con toda la sociedad.

El académico y consultor Enrique Huerta Wong expuso que en el país no todas las personas tienen las mismas posibilidades, pues sólo tres de cada diez mexicanos nacidos en familias humildes logran superarse a través de sus propios méritos.

La situación se torna más complicada para las mujeres, quienes tienen aún menos posibilidades de obtener una mejor calidad de vida.

Abunda corrupción y opacidad

Por su parte el periodista Rodolfo Ruiz dijo que con el paso de los años la desigualdad entre ricos y pobres en el país ha crecido por la complicidad del gobierno, que busca favorecer sus propios intereses.

Señaló que en el caso de Puebla el gobierno estatal ha otorgado contratos a grandes empresas, algunas de ellas involucradas en casos de corrupción, como grupo Higa, que construyera la llamada Casa Blanca de la primera dama, Angélica Rivero.

Por lo cual, en lugar de que los proyectos en el estado estén enfocados a disminuir la pobreza, en la que se encuentra el 64.3 por ciento de la población, parece que se tratan de acciones enfocadas a proyectar una imagen con miras a la elección presidencial de 2018.

Otra cuestión que mencionó Ruiz es que existe poca transparencia en los contratos de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y en las concesiones estatales, como la del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap).

Aunado a estas situaciones, los legisladores locales y el presidente del tribunal, Roberto Flores Toledano, lejos de ser un contrapeso, están bajo el yugo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Lo mismo sucede con los comisionados para el Acceso a la Información Pública y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), Adolfo López Badillo, quienes han tenido un papel poco lucido en la defensa de los derechos y garantías de los poblanos.

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