Frente va contra la ley anti-grafiti en Puebla

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social calificó de "ilegítima y desproporcionada" la iniciativa para incrementar los años de prisión contra los grafiteros, además de que la propuesta violaría los derechos humanos al darse en un contexto de "criminalizar la protesta social y estigmatizar a grupos en situación de vulnerabilidad".

El 27 de enero el diputado panista Eukid Castañón Herrera, exfuncionario del gabinete morenovallista, propuso modificar el Código Penal y la legislación para incrementar las penas contra quienes hagan pintas callejeras, dañen inmuebles públicos y cometan faltas en "pandilla".

Dicha iniciativa actualmente es discutida en el Congreso local, aunque hay diferencias entre los legisladores, ya que algunos piden que en lugar de años de prisión, los infractores hagan trabajo comunitario.

Iniciativa no está sustentada

Organizaciones como Article 19 México y Centroamérica, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz y Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como los centros de derechos humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” y Miguel Agustín Pro Juárez señalaron que la propuesta "estigmatiza" a los jóvenes.

Además de que va contra estándares internacionales, criminaliza la protesta social y supone la persecución de las personas que lleven a cabo esta clase de expresiones.

Las asociaciones mencionan en un boletín de prensa que "la iniciativa presentada, relaciona este tipo de actos con criminalidad o vandalismo, utilizando términos vagos para sancionarlos como 'bien común', 'seguridad colectiva', 'bienestar social' o 'paz pública', entre otros; lo que, por la amplísima vaguedad de los términos, es erróneo desde la óptica penal".

Asimismo las asociaciones ligadas a la libertad de expresión y derechos humanos indican que en la "exposición de motivos" no se presentan elementos objetivos que justifiquen la iniciativa, sino que al contrario "busca controlar a la oposición mediante el uso del sistema de justicia penal".

Recurso penal debe ser lo último

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social señaló que un recrudecimiento en el tipo penal debe ser el último recurso, es decir, cuando se lesione de manera grave la integridad personal y los derechos humanos, y no que se trate de un "mecanismo de control social o de persecución a las expresiones políticas, de disenso y crítica gubernamental o artísticas".

Señalaron en una misiva que las llamadas pintas, tags, stencils y bombas si bien pueden algunas veces afectar a terceros, no deben verse como "una acción delictiva y criminal dolosa", ya que la mayoría de ellas responden a inquietudes culturales propias de un sector marginado con falta de espacios para expresarse.

"Si nuestro país presume de vivir dentro de un Estado libre y democrático, en donde las leyes se hacen para favorecer a toda la ciudadanía, pedimos ser tomados en cuenta y que se nos valore como personas ya que también somos ciudadanos con una forma honrada de vivir y que en ningún momento premeditamos para dañar a la sociedad", aseguraron los colectivos BNMPK, Nómada y Nabla.

Cabe mencionar que la ley anti-grafiti se da en un contexto donde jóvenes estudiantes marcharon contra la detención de cuatro estudiantes durante la inauguración del Hospital del Niño Poblano el 19 de enero, donde algunos hicieron pintas en promocionales del cuarto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Ley Bala aún sigue vigente

Para las organizaciones tanto la ley anti-grafiti como la llamada Ley Bala son regresivas en materia de derechos humanos, sobre todo porque esta última se ha utilizado contra las personas que protestan, desde que fue aprobada el 20 de mayo de 2014 hasta recientes fechas, como la detención de alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el 8 de febrero.

El 9 de julio pasado, incluso, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales en Puebla, mejor conocida como Ley Bala, tuvo consecuencias mortales pues un menor de edad resultó herido de muerte durante el desalojo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan de la autopista Puebla-Atlixco.

Ante esta situación el frente asegura: "Todo ello da cuenta de una política caracterizada por el autoritarismo y la falta de vigencia de las libertades democráticas en el estado de Puebla que lejos de disminuir, va en aumento".