Universitarios marcharán el jueves contra terrorismo de Estado

El cese del terrorismo de Estado contra la protesta de ciudadanos en Puebla y la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, serán las principales demandas en la marcha que integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (CUEP) realizará el próximo jueves, partiendo de la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La movilización, con el distintivo #EsElEstado, que se realizará a las 2:00 de la tarde también exige castigo a los mandos policiacos estatales y municipales que participaron en el desalojo del plantón en el zócalo capitalino el pasado 8 de febrero y la reparación del daño de estudiantes que fueron agredidos.

La madrugada del pasado 8 de febrero, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) que mantenían un plantón de protesta en el zócalo fueron desalojados por un grupo de choque de 30 personas.

De acuerdo con testimonios de los alumnos agredidos, sujetos encapuchados los golpearon con varillas, bats, desarmadores y tubos y se llevaron a 8 de los 22 jóvenes manifestantes; los incomunicaron, los torturaron física y psicológicamente, y posteriormente los tiraron en un lote baldío.

Voceros del CUEP señalaron que la presencia de vehículos de la policía estatal y municipal en los que arribaron las personas encapuchadas y de funcionarios de gobernación en el despoblado donde fueron arrojados, constituyen una represión premeditada con alevosía y ventaja y negaron que fuera un altercado como ha manejado autoridades municipales.

Condena del desalojo

Ayer las organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, el Nodo de Derechos Humanos (Nodho) y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, difundieron comunicados condenando los hechos represivos en contra de integrantes del CUEP y exigieron que las autoridades estatales y municipales expliquen su relación con el grupo de choque.

“El Estado policiaco militar caracteriza el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, como se manifiesta a partir del encarcelamiento de 45 presos por motivos políticos, la muerte del infante José Luis Tlehuatlie, las ejidatarias prisioneras por defender el derecho a la tierra y el agua. Y la reciente detención del representante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes-28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, puntualizó.

Integrantes del Nodho señalaron que la agresión del domingo 8 de febrero refleja un aumento en la brutalidad policíaca en Puebla, porque el desalojo se asemeja más a la acción violenta de un comando del crimen organizado que a un operativo de seguridad.

“La policía cada vez tiende a actuar más como un grupo de sicarios que como una fuerza de seguridad”, afirmó.

En un comunicado, Nodho calificó de alarmante que después de lo que se hizo en Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los gobiernos y los cuerpos de policía de otros lugares no replanteen sus estrategias y actitudes para enfrentar el creciente y legítimo descontento social.

CEDH, investigará los hechos

En contraste con las posturas de organismos defensores, el organismo estatal de la Comisión de Derechos Humanos difundió una “ficha informativa”, al que no tuvieron acceso la mayoría de medios de comunicación, donde explicaron que por llamadas telefónicas supieron del desalojo, los actos de tortura y las lesiones de estudiantes. Sin embargo, los visitadores adjuntos de este organismo, aunque se avocaron a la búsqueda de los agresores en distintas instalaciones de Seguridad Pública, no lograron ubicarlos. Refieren que pasado el mediodía, un visitador se entrevistó con un grupo de estudiantes en la Casa del Estudiante "Emiliano Zapata”, pero los estudiantes no ratificaron la queja y rechazaron el acompañamiento para presentar denuncia.

La CDH refirió que un visitador se presentó en el Hospital Universitario, a efecto de verificar que los estudiantes lesionados fueran atendidos por el personal médico.

“En el lugar, los agraviados no desearon presentar queja; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, conforme a sus atribuciones, continuará de oficio las investigaciones a fin de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos”.