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Denuncian abuso sexual contra joven desalojada del zócalo
El estudiante Fidel Sánchez sigue hospitalizado porque tiene una fractura en el cráneo y estará en observación 24 horas
Una estudiante de la BUAP, golpeada y privada de su libertad el domingo durante el desalojo del zócalo, fue abusada sexualmente por sus captores, denunciaron los integrantes del Colectivo Universitario por una Educación Popular (CUEP).
Ante esta situación la Red de Defensa de Derechos Humanos (RDDH) pidió que se implemente el Protocolo de Estambul, referente a la investigación y documentación en casos de tortura, tratos crueles o inhumanos.
Alrededor de las 3:00 horas del domingo fueron retirados de manera violenta estudiantes que mantenían una huelga de hambre en el zócalo. Los 23 jóvenes que estaban en el plantón fueron golpeados por sujetos encapuchados y ocho de ellos fueron privados de su libertad sufriendo tortura sicológica y física.
La semana pasada se rompieron negociaciones con la universidad para ocupar salones de clases a fin de impartir cursos gratuitos de preparación para el examen de admisión 2015.
Denuncian vejación
En una entrevista telefónica, Ivón Potrero, integrante del CUEP, manifestó que una de las cuatro compañeras que fueron privadas de su libertad el domingo en la madrugada sufrió una agresión sexual.
"Sí la tocaron, sí hubo una agresión sexual pero no hubo violación (...) le quisieron quitar el pantalón pero ella puso resistencia, pero sí la llegaron a tocar, le metieron las manos", manifestó la estudiante.
Este lunes los miembros del CUEP presentaron denuncias ante el Ministerio Público no sólo por el abuso sexual del cual fue víctima la menor de edad, sino también por la privación ilegal de la libertad y las lesiones sufridas.
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En cuanto al estado de salud de sus compañeros, Ivón refirió que el domingo fueron dados de alta la mayoría de los lesionados y hoy por la mañana salió una joven identificada como Noelia. Mientras Fidel Sánchez sigue hospitalizado porque tiene una fractura en el cráneo y estará en observación 24 horas.
Se debe aplicar Protocolo de Estambul
Por su parte Israel Sampedro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH), señaló en una rueda de prensa que el Ministerio público tiene que acercarse a las víctimas del desalojo del zócalo y aplicar el Protocolo de Estambul por la tortura sicológica y física sufrida por los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Explicó que también se trata de un caso de desaparición forzada, debido a que los encapuchados actuaron con la venia de los policías estatales y municipales que estaban en el zócalo de la ciudad de Puebla.
"Hay responsabilidad por omisión de los agentes de seguridad municipal y estatal, por no auxiliar a los estudiantes (...) Exigimos que se hagan públicos los videos de las cámaras de seguridad para saber quiénes fueron los agresores, porque no son porros fueron paramilitares", agregó Sampedro.
La aplicación del Protocolo de Estambul es por los tratos inhumanos y tortura sicológica sufrida por los estudiantes, ya que los captores hicieron una simulación de ejecución.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera como tortura los golpes sistemáticos, las lesiones por aplastamiento, la violencia sexual, las humillaciones, el abuso verbal y las amenazas de muerte.
El Protocolo de Estambul, propuesto por la ONU en 1999, es una guía para que se investiguen de manera detallada los casos de tortura o tratos inhumanos.
Sigue la represión contra estudiantes
Para Sampedro desde la muerte de tres y desaparición de otros 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, hechos acontecidos en el municipio de Iguala el 26 de septiembre, creció la represión contra estudiantes en México y Puebla.
"Lo de ayer (el desalojo de estudiantes del zócalo) fue un operativo muy bien orquestado (...) todavía hoy siguen hostigando a los jóvenes", sostuvo el defensor de derechos humanos, debido a que en la Casa de Estudiantes "Emiliano Zapata" había presencia policial y camionetas negras sin placas.
Asimismo dijo que no hay confianza en las autoridades ni estatales ni municipales porque actúan como cómplices de los delincuentes y en el caso específico del secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, fue investigado por la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa en 2011 durante un desalojo de la autopista del Sol.