Aún está bajo seguimiento el caso Chalchihuapan: CNDH

Chalchihuapan, Ayotzinapa y Tlatlaya fueron los principales casos de violaciones graves a las garantías individuales durante el 2014, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, durante el informe de trabajo 2014 que presentó ante el Congreso de la Unión.

Durante su discurso, el ombudsman -quien llegó al cargo el 16 de noviembre de 2014- destacó que el año pasado hubo sólo una recomendación por violaciones graves a derechos humanos en el país, que correspondió al desalojo policiaco de manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan, donde 14 personas sufrieron lesiones graves y el menor de edad José Luis Tehuatlie Tamayo murió tras el golpe de un cilindro de gas lacrimógeno.

El pasado 9 de julio habitantes de Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla-Atlixco para inconformarse con la reforma a la Ley Orgánica Municipal, por la cual las juntas auxiliares perdieron facultades como el registro civil, la designación de jueces de paz, agentes del ministerio público adjuntos y guardias de seguridad.

Dará seguimiento al caso Chalchihuapan

Con respecto al operativo en Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Ocoyucan, Puebla, Raúl González expresó que aún no se llega a su cumplimiento.

"En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta este Organismo Nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan. Ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento".

La propia CNDH admitió en un documento, cuyo folio es el CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014, que el gobierno poblano ha dado cumplimiento parcial a las once recomendaciones que emitió el 11 de septiembre, entre las cuales se encuentran las disculpas públicas, la reparación del daño y la investigación del caso por parte de una fiscalía especial.

Además el organismo federal informó a inicios de este mes que el gobierno del estado de Puebla entregó un oficio en el que aseguró que acató la recomendación. Sin embargo expuso, por ejemplo, que creó un fondo de 4 millones de pesos para la reparación del daño a las víctimas, pero no se les ha informado el monto que corresponde a cada una.

Durante su informe el titular de la Comisión de Derechos Humanos recordó que "la atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la emisión de las recomendaciones. Es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente, las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento".

Asimismo refirió que la libertad de expresión y, con ella el derecho a la protesta social, está consagrado en nuestras leyes, aunque no se deben afectar a terceros o el orden público para que tengan mayor legitimidad.

Caso Iguala ha consternado a México

Con respecto al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Raúl González sostuvo que es un hecho que "ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo", ya que indigna y agravia a todos los mexicanos y por ello no podrá darse por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes.

"Los hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones. Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción", agregó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ante esta situación, la CNDH solicitó medidas cautelares para las víctimas y sus familiares, así como dar seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 3 de octubre del año pasado.

Con independencia de lo anterior, consideró que otro tema importante es prevenir casos como el de Tlatlaya, donde se indaga la ejecución extrajudicial de varias personas a manos del Ejército, que dio origen a la recomendación 51/2014, y que necesariamente debió ser considerado como un caso grave desde su origen.

El ombudsman finalizó diciendo: "no hay manera de recuperar la aparente normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlatlaya, porque era anómala, estaba asentada, en buena medida, en la simulación (...) Revisemos autocríticamente el camino andado e intentemos reorientar nuestras acciones. Entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad de estructuras estatales, obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso".