Académicas condenan despido de reportera por embarazo

Con el despido de Arlette de la Torre Togán, la revista Líder contravino no sólo la legislación laboral sino el artículo 11 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) firmada por México y que prohíbe el despido de cualquier trabajadora por presentar estado de gravidez, coincidieron especialistas de género y colectivos que promueven los derechos humanos.

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana (UIA), así como especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), del colectivo Las Dignas y Unidas Ganaremos y el Comité de Género del Consejo Democrático Magisterial Poblano, se pronunciaron por el hecho que pone de manifiesto que la violencia de género aún se registra en el estado.

Lourdes Pérez Oseguera, directora del OVSG, condenó los hechos violatorios que contravienen legislaciones federales, acuerdos y tratados internacionales. “No se puede despedir a una mujer de su trabajo por estar embarazada, independientemente del proceso del evento o los problemas que presente”, dijo.

Pérez señaló que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución, sin discriminación de sexo, edad, religión y actitud política. “Es un ejemplo vivo de cómo se burlan los derechos establecidos, es ejemplificador de la doble moral del sistema, el derecho de tener hijos no significa no tener trabajo. Frente a eso tenemos que pelear todavía un buen trecho las mujeres".

En nombre del OVSG, la especialista se pronunció por que cesen las violaciones constitucionales y laborales de Arlette de la Torre, y sus derechos sean restituidos.

Elva Rivera Gómez, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en la facultad de Filosofía y especialista en Estudios de Género y Masculinidades, señaló el proceder de Líder como una conducta discriminatoria al restringir la permanencia laboral de la periodista por estar embarazada.

Recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, emitió un comunicado el 7 de abril de 2010 en el que llamó a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias para poner un alto a la violencia ejercida contra las mujeres por cualquier empresa, persona u organización.

“Este caso visibiliza las condiciones de trabajo en que las poblanas prestan sus servicios, este es un caso de muchos donde la violación de género está presente, es lamentable que en lugar de que la revista hubiera velado por la vida de Arlette y la de su bebé, garantizando su salud y bienestar, procediera al contrario, violando sus derechos laborales, pero también humanos”.

Rivera hizo un llamado a los empleadores, jefes y contratistas a respetar los derechos reproductivos de las mujeres.

“El embarazo no es una enfermedad”

“Estar embarazada no es estar enferma”, declaró a este medio la especialista en Equidad de Género, Gabriela Molina, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Comité Democrático Magisterial Poblano.

La presidenta de la Comisión de Equidad del organismo aseguró que la CDMP se pronunció por el respeto a los derechos humanos y laborales de la periodista y describió el hecho como la forma más acabada de violencia de género.

“El embarazo satanizado que genera despidos y cesó carreras académicas es un lastre que aún cargamos, en el magisterio ese fue un tema tabú por muchos años hasta que la legalidad y respeto a los mínimos derechos ha hecho que el tema quede atrás, no es posible que ahora, en un ambiente intelectual se repitan estas prácticas”, señaló.

Vivimos una cultura machista

Los colectivos Dignas y Unidas Ganaremos condenaron en un comunicado el despido ilegal de la reportera recientemente denunciado y llamaron a las autoridades judiciales como al poder ejecutivo, a través del Instituto Poblano de la Mujer y de la Secretaria del Trabajo en el estado, para que le sean garantizados sus derechos.

“Nos pronunciamos contundentemente en contra del despido arbitrario e ilegal de la reportera Arlette de la Torre Togán… Este tipo de acciones de discriminación y exclusión por razones de género, (por situaciones inherentes a la condición de ser mujer, como la reproducción), violan los derechos de las mujeres y se muestran las actitudes machistas y misóginas que todavía prevalecen en los espacios laborales en nuestro estado y en nuestro país, por lo que exigimos una reacción pronta y expedita de las autoridades, tanto a nivel del poder judicial, donde fue interpuesta la demanda laboral por parte de la periodista, el pasado 7 de enero en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, como del poder ejecutivo, a través tanto del Instituto Poblano de la Mujer como de la Secretaria del Trabajo en el estado, para que le sean garantizados sus derechos”.

“Es fundamental que las mujeres en el estado cuenten con las garantías suficientes para que puedan denunciar y exigir sus derechos, ya que estamos seguras que existen muchas mujeres que no denuncian este tipo de violaciones por temor a represalias y por falta de la información adecuada y accesible, lo que también es responsabilidad del estado”, aducía parte del comunicado firmado por María Eugenia Ochoa y Fanny Marchina.