Puebla, cuarto estado con más casos de tortura hacia mujeres

Quince casos de tortura contra mujeres se han denunciado en los últimos cuatro años en Puebla, lo que coloca al estado en el cuarto sitio con más hechos de este tipo, según lo revela el reporte "Rompiendo el Silencio: La obligación de erradicar la tortura sexual a mujeres en México".

En el documento elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Asociadas por lo Justo (JASS) se indica que de 2010 a mediados de 2014 se registraron 168 casos de tortura contra mexicanas, sin que en uno solo haya una sentencia condenatoria.

Estados no reportan tortura

A pesar de que la tortura, en especial la de las mujeres, es una problemática documentada por las organizaciones de la sociedad civil y diversos organismos internacionales, las procuradurías estatales no tienen información al respecto.

Tal es el caso del estado de México, quien no desagrega las denuncias recibidas por género, de manera tal que es imposible tener acceso al número de acusaciones interpuestas por tortura a mujeres.

De igual forma, hay estados que no han registrado ni una sola querella de este tipo en los últimos cinco años, como Campeche, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Nuevo León, lo cual plantea dudas sobre las condiciones con las que cuentan las mujeres para presentar denuncias.

Las procuradurías que sí reportaron casos de tortura son: Chiapas (49), Distrito Federal (23), Baja California (22), Puebla (15), Guanajuato y Tlaxcala (10), así como Querétaro (ocho), Quintana Roo (seis) y Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas (cinco).

Sin embargo, en la mayoría de estas entidades federativas no existe ni una sola sentencia condenatoria por este delito.

Torturan a manifestantes en Puebla

En la recomendación número 29/2010 hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) se consigna un caso de tortura en contra de manifestantes, algunos de ellos mujeres.

La recomendación es por los hechos ocurridos el 10 de junio de 2009, cuando profesores y ciudadanos marcharon en el centro de la ciudad de Puebla y fueron reprimidos por Elementos de la Policía Estatal y Metropolitana.

Según el documento de la CDHE, los ciudadanos Rosa, Floriberto, María “N”, Gregorio “N”, Marcelino “N”, Mario “N”, Tamara e Itzel “N”, fueron incomunicados y torturados sicológicamente por varias horas.

Minutos después también fueron detenidos violenta e ilegalmente los ciudadanos Mariano “N”, Evaristo “N” y Lourdes “N”, quienes junto con otros compañeros fueron ilegalmente privados de su libertad.

Los hechos constan en la averiguación previa número 400/2009/DMS/2DO, que a su vez se consignó en el Juzgado Segundo de lo Penal de esta capital, radicándose el asunto con el número de proceso 185/2009.

Abunda tortura sexual

En el documento "Rompiendo el Silencio: La obligación de erradicar la tortura sexual a mujeres en México", también se menciona que de acuerdo con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) de los 327 casos que atendieron entre 2004 y 2013, 57 mujeres denunciaron tortura sexual, sobre todo por parte de cuerpos de seguridad del país.

No se detalla el sitio donde se cometieron los delitos, pero se mencionan casos en Veracruz, Coahuila, estado de México, Chiapas, Guerrero y Distrito Federal.

Para la relatora sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, la tortura sexual implica tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso violación u otras formas de violencia sexual como amenazas de violación, manoseos o pruebas de virginidad; las víctimas son desnudadas, sometidas a exámenes físicos invasivos, reciben insultos y humillaciones de naturaleza sexual.

Las organizaciones de derechos humanos consideraron que la violencia sexual, en particular la violación, cometida contra las mujeres detenidas se considera una falta particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de su derecho a la integridad física, y consiguientemente puede constituir tortura.

Esto debido a que los impactos físicos, sicológicos y sociales de la tortura sexual son graves, provocando afectaciones en la vida cotidiana de las víctimas. Además de que en México existe un grave problema en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres, ya que frecuentemente la violencia hacia éstas no se sanciona ni investiga, y al contrario, al intentar acceder el sistema de justicia, son discriminadas, provocando una revictimización de las denunciantes.

Exigen que Estado garantice acceso a justicia

Ante esta situación el Centro Prodh, la CMDPDH, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña y JASS exigieron que las autoridades de procuración de justicia se coordinen con los servicios de salud para asegurar una atención integral, inmediata y con perspectiva de género a las mujeres denunciantes.

De igual forma que el Estado garantice el derecho de toda mujer denunciante de tortura a una investigación pronta y efectiva, empezando por recibir la denuncia y clasificarla adecuadamente de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos.

También capacitar al personal para que desde el momento en que reciba la denuncia traten a las mujeres con sensibilidad y perspectiva de género.

Así como que el Estado garantice que las mujeres sobrevivientes de tortura sean beneficiarias de la Ley General de Víctimas, y que del fondo correspondiente se destinen recursos para que éstas puedan realizar todas las acciones legales y otras relevantes para documentar la tortura, incluyendo contratar a peritos médicos y psicológicos independientes del Estado.