Pide el PRI de Puebla a la PGR atraiga crímenes de Tehuacán

El Partido Revolucionario Institucional en Puebla cuestionó el clima de inseguridad en Puebla, demandó que el gobierno del estado garantice la seguridad de todos los ciudadanos sin distingos ni excepciones y pidió a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso del asesinato del empresario José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín.

A través de un comunicado el instituto político señaló que “en Puebla estamos preocupados porque vemos como han ido aumentando de manera significativa los índices de violencia en todo el estado, datos periodísticos dan cuenta de al menos 50 personas (40 hombres y 10 mujeres) que han sido ejecutadas, decapitadas, estranguladas, “entambadas” o calcinadas en los últimos meses; que se han cometido 266 homicidios dolosos, 29 secuestros, 140 casos de extorsión, 268 robos de vehículos con violencia y se reportan 123 feminicidios en lo que va de la actual administración estatal”.

El PRI consideró que estos números confirman que Puebla ha fallado en su estrategia de combate al crimen, que la violencia sigue presente en muchas de sus comunidades sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para erradicarla y llevar ante la justicia a los verdaderos responsables.

A raíz del último hecho de violencia, donde perdió la vida el empresario José Manuel Herrero Arandia (hermano de Fernando Herrero Arandia, ex alcalde de Tehuacán y ex senador de la República) y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, el tricolor hizo un llamado al gobierno del estado para que brinde la seguridad de los poblanos sin distingos ni excepciones y que actúe en plena coordinación con los diferentes ayuntamientos, respetando su autonomía.

“Asimismo, solicitamos de la manera más atenta que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de Herrero Arandia y Carvajal Argudín a fin de garantizar que este acto no quede en la impunidad como ha pasado en diversas ocasiones”.

“Estamos conscientes que este suceso no debe ser aprovechado para lucrar políticamente y que nadie tiene derecho a utilizar como pretexto estas ejecuciones para cobrar revanchas políticas ni obtener beneficios personales”, concluyó.