Mando único es ilegal: Ibero; pero Congreso lo avalará

Mientras el rector de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font, criticó la propuesta de un mando policial único en el país debido a que centraliza al poder y viola la autonomía de los municipios; el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez dijo que el Congreso local aprobará la iniciativa presidencial en cuanto se hagan las reformas constitucionales pertinentes.

El jueves 27 de noviembre el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo en materia de seguridad pública, así como procuración y administración de justicia.

En dicha iniciativa se encuentra la creación de policías estatales únicas y la desaparición de las corporaciones municipales, además de que la Federación asuma el control de los municipios donde existan vínculos o infiltración de la delincuencia organizada, la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y la promulgación de leyes en materia de tortura y desaparición forzada.

Mando único, inconstitucional

Al respecto el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla dijo que la idea de un mando único estatal rompe con el artículo 115 constitucional, donde se establece una autonomía relativa por parte de los municipios.

"Hay un control desde un centro que está pasando y atropellando los mismos municipios, es decir, toda la constitucionalidad del país está en riesgo", señaló Fernández Font.

De igual forma consideró que la idea de combatir la delincuencia con el Ejército es poner las bases para que haya mayores arbitrariedades y atentados contra los derechos humanos, además de que da pie a un "golpe de Estado".

El artículo 115 de la Carta Magna señala: "Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal".

Así como estarán a cargo, entre otros servicios, de la seguridad pública.

Se aprobará de manera inmediata

Por su parte, el presidente Junta de Gobierno del Congreso local señaló: "tan pronto como sea aprobada esta reforma por el Congreso de la Unión y turnada al Congreso (local) estaremos actuando inmediatamente para dar paso a esta iniciativa que ha hecho el presidente de la República".

El legislador de extracción priísta, del mismo partido del presidente Peña, dijo que incluso de ser necesario se aprobará un periodo extraordinario de sesiones.

Giorgana Jiménez aseguró que sí existe un consenso respecto al tema en Puebla, pues los diferentes partidos políticos han hecho comentarios positivos respecto a unificar a los policías municipales bajo el régimen estatal.

Cuestionado sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa, el diputado refirió que se tienen que interpretar las funciones de los presidentes municipales "con una nueva óptica", porque desafortunadamente hay una deficiencia institucional en los ayuntamientos, sobre todo en materia de seguridad.

Con respecto si el mando único no llevará a politizar el tema, Víctor Manuel Giorgana expuso será el propio Congreso de la Unión quien se encargue de poner los filtros para evitar este tipo de situaciones.

Ley de Movilidad es riesgosa

En otro tema, Fernando Fernández manifestó que la Ley de Movilidad, retomada en la Cámara de Diputados esta semana busca como la Ley Bala en Puebla justificar la represión durante las manifestaciones.

"Parece que quiere garantizar la libre movilidad de las personas en todo el país, pero yo me pregunto si simplemente están legalizando unas posturas que van a llevar a mayores niveles de represión", dijo el sacerdote jesuita.

La ley de movilidad busca que el derecho al libre desplazamiento no se contravenga con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el de reunión, manifestación y protesta social, por ello se buscarán “mecanismos alternativos para el disfrute de dichas garantías”.

En ese sentido el representante de la UIA señaló que es necesario un análisis serio y académico para demostrar que esas iniciativas de ley no traerán beneficios a la población.