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Sociedad
Cuesta a opositores 6.2 mdp recobrar su libertad en Puebla
De los 126 presos políticos en la entidad este sexenio, 109 han pagado fianzas de 7 mil hasta 300 mil pesos
De 126 presos en Puebla por oponerse a proyectos gubernamentales durante el actual sexenio, 109 no sólo han lidiado con la cárcel, sino que también sufrieron un daño patrimonial al pagar por concepto de fianzas 6.2 millones de pesos en conjunto.
Los otros 17 opositores a obras del gobierno estatal siguen detenidos o están muertos, como es el caso de Delfino Flores Melga, de 90 años de edad, que falleció en prisión el 25 de junio de este 2014.
Libres pero pobres
Los presos políticos poblanos han cubierto fianzas impuestas por la autoridad judicial que van de los 7 mil hasta los 300 mil pesos.
Ese es el caso de Juana y Angélica Macuil Cóyotl, quienes el sábado 21 de junio pasaban por donde se desarrollaba una manifestación en Cacalotepec, San Andrés Cholula, contra la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Iban al médico pero ya no llegaron, porque los policías estatales detuvieron a Juana. Su hija Angélica reclamó el hecho y también se la llevaron a ella.
Salieron de prisión en octubre tras pagar una fianza de 170 mil pesos cada una, por la cual su familia tuvo que vender lo que pudo y pedir dinero prestado. También deben los honorarios de su abogada. Juana perdió su trabajo como asistente doméstica.
Las ocho personas detenidas el 16 de junio de 2014 por el bloqueo de la autopista México-Puebla, en protesta por los operativos para retirar mototaxis en Coronango, quedaron en libertad hasta que cubrieron fianzas por 300 mil pesos cada uno.
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Delitos políticos
Los delitos más comunes por los cuales fueron acusadas las personas presas en Puebla son: ataques a las vías de comunicación (64), motín (61), delitos contra funcionarios públicos (37), despojo (33) y amenazas (33).
El delito de ataques a las vías de comunicación, de acuerdo con el Código Penal mexicano, se refiere a quien dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público local de comunicación o transporte. Las penas van de tres meses a seis años en prisión.
Mientras que motín es cuando para hacer uso de su derecho o para evitar el cumplimiento de una ley se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público, o amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación.
En este caso se impondrá una sanción de tres a seis meses de prisión, pero en caso de que sean los autores intelectuales, será de uno a tres años en la cárcel.
Los delitos contra funcionarios públicos tienen que ver con faltas en contra de un servidor o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones.
Para Simón Hernández León, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), no es casualidad que a los luchadores sociales o dedicados a la defensa de derechos humanos se les impute esta clase de delitos, ya que para la mayoría de ellos sólo basta que un agente los acuse para que sean procesados.
Presos por azar
Otra problemática es que la gran mayoría de los opositores fueron detenidos en flagrancia, es decir, que participaban en alguna manifestación espontánea cuando presuntamente cometieron los delitos.
El 86. 5 por ciento de los 126 presos políticos vivieron esta situación y al menos seis de ellos sólo pasaban por el lugar en el momento de los arrestos.
El 9 de julio fueron detenidos Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero, a pocos minutos de que comenzara el cierre de la autopista Puebla-Atlixco, donde habitantes de San Bernardino Chalchihuapan exigieron el regreso del Registro Civil a su junta auxiliar.
Fueron liberados el 2 de agosto tras pagar una fianza de 7 mil pesos cada uno, debido a que su defensa interpuso amparos a su favor y se desvanecieron sus cargos. En el proceso se hicieron 98 dictámenes y con ello se comprobó que los pobladores fueron arrestados alrededor de las 14:45 horas y que la manifestación se tornó violenta hasta las 15:00 horas, aproximadamente, por lo que no pudieron realizar las faltas que les imputaron.
Los cuatro estaban el lugar de la gresca por casualidad: Santiago buscaba un camión para regresar a Veracruz, Antonio Víctor iba a la escuela de su hijo, Félix regresaba de trabajar en sus cultivos y Sergio estaba mirando la manifestación.
En tanto que 14 de los detenidos sí tenían una orden de aprehensión contra: seis de ellos en respuesta a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Chalchihuapan, tres por oponerse al gasoducto Morelos y otros dos por luchar contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal que quita facultades a las juntas auxiliares.
