Hijos del edil de Canoa acusan atentado en su contra

Rocío y Javier Pérez Pérez, hijos del edil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, denunciaron un atentado en su contra ocurrido el pasado 26 de noviembre, cuando un tracto-camión los embistió dos veces en el momento en que se dirigían a una reunión en San Bernardino Chalchihuapan.

De igual forma Javier Pérez aseguró que gracias al amparo 1830/2014 supo que tiene que pagar una fianza por 240 mil pesos, aunque todavía no se le notifica por qué delito o delitos se le acusa.

Asisten agentes ministeriales a su casa

En una rueda de prensa organizada por el Comité para la libertad de los presos políticos y contra la represión social, Rocío Pérez aseguró que además del ataque sufrido el miércoles pasado, policías ministeriales y estatales han llegado a su domicilio para tomar fotografías a sus automóviles.

Por ese motivo los hijos del presidente auxiliar de Canoa, preso desde el 31 de octubre, responsabilizaron de manera directa al alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, y al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por cualquier situación que le pase a ellos y su familia.

También Rocío, quien encabeza el movimiento de la comunidad contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal, retó a los gobernantes para que vayan a hablar con la gente sobre el nombramiento de un edil sustituto para su padre.

Esto debido a que los pobladores están molestos porque intentaron sobornar al suplente con 150 mil pesos para que dejara la lucha.

Asimismo Rocío comentó que si no se resuelve pronto la situación jurídica de su padre, acusado por robo y privación ilegal de la libertad, no habrá elecciones federales en San Miguel Canoa el próximo año, pues no dejarán entrar ni a los candidatos ni a las autoridades electorales.

Habrá llamado internacional

En su oportunidad Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, arrestado el pasado 21 de noviembre, manifestó que no sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrirá de nuevo el caso por el desalojo violento del 9 de julio, donde resultó herido de muerte el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por un proyectil disparado por policías estatales, sino que organismos internacionales harán un llamado esta semana al gobernador para que deje de reprimir a la población.

De igual forma comentó que si bien ya le fue dictada la orden de formal prisión a su hijo el viernes pasado, confía en que pueda obtener su libertad por la vía legal, aunque reconoció que Moreno Valle Rosas buscará influir para que permanezca allí más tiempo.

Denuncian acoso en Cholula

Por su parte Josué Xicale, hijo de Adán Xicale y hermano de Paul Xicale, ambos detenidos el 7 de octubre junto con sus vecinos Albino y Primo Tlachi, aseguró que el 27 de noviembre, un día después del atentado contra los hermanos Pérez Pérez, policías ministeriales buscaron al profesor Roberto Formacio, otro de los diez opositores al Parque Intermunicipal que tiene orden de aprehensión.

Contó que los oficiales detuvieron a las personas en las calles y les pidieron que se identificaran, esto con la finalidad de ubicar al docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Josué Xicale sostuvo además que a pesar de los dos amparos interpuestos a favor de su padre y hermano, el Juzgado Penal de Cholula aplazó hasta febrero el desahogo de las pruebas para tenerlos el mayor tiempo posible en la cárcel.

Se van ahora contra familiares

Para Lucina Quintero, hija de Enedina Rosas Vélez, detenida el pasado 6 de abril por oponerse al paso del gasoducto Morelos, ahora el gobierno el estado está reprimiendo a los familiares de los presos políticos para que no sigan luchando por su liberación.

Sin embargo, dijo que tanto ella como sus compañeros seguirán exigiendo la liberación de sus seres queridos, porque en su caso particular el arraigo domiciliario de su madre no es suficiente porque no puede recibir muchas visitas ni moverse fuera de la casa.

Lucina manifestó además que la señora Enedina tiene que recibir de manera permanente tratamiento por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), debido a que durante su encierro de cinco meses no recibió tratamiento ni medicamentos.