Demanda PRD en el Senado que SCJN atraiga caso Chalchihuapan

México, DF.- Además del juicio político y demanda penal en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por el asesinato del niño de Chalchihuapan, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, desde el Senado de la República, el PRD solicitará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de las violaciones "recurrentes y sistemáticas" a los derechos humanos en este y otros casos por parte del gobierno del estado, anunció el vicepresidente de la Cámara alta, Luis Sánchez Jiménez.

Como ocurrió con Mario Marín y el caso de Lydia Cacho, se analiza ya la formalización del exhorto para que el máximo tribunal, en el ámbito de sus facultades, investigue los casos de las violaciones a las garantías individuales de ciudadanos en esa junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan, el Gasoducto Morelos y la construcción de hidroeléctricas en la zona norte de la entidad, anunció el legislador.

En conferencia de prensa en la sede senatorial, acompañado de líderes comunitarios, de Organizaciones No Gubernamentales y Roxana Luna Porquillo, diputada federal, Luis Sánchez Jiménez detalló también que se alista el expediente de solicitud de juicio político contra Moreno Valle Rosas, que será presentado en la Cámara baja y luego turnado al Senado, que se erigirá como jurado.

Sánchez Jiménez consideró que el gobernador poblano ha cometido ya "acciones suficientes para fincarle un juicio político… Estaremos actuantes en este grave problema que existe en Puebla".

"Estamos actuando para recibir las quejas de ciudadanos por violación a derechos humanos. Se busca un juicio político, pues de acuerdo con los artículos 108 y 110 de la Constitución", hay la posibilidad de fincar "juicio político para gobernadores, por violación a los derechos humanos, lo que ha sucedido en Puebla", no sólo en el caso San Bernardino Chalchihuapan, sino también en lo que respecta a los megaproyectos, conocidos por los afectados como "proyectos de muerte".

El senador perredista recordó que las acciones de represión del gobernador han dejado 35 detenidos, a quienes se les mantiene en la cárcel con "chicanas", para alargarles el proceso, lo que representa un elemento más que se adjuntará al expediente con el que se solicitará el juicio político contra Rafael Moreno Valle Rosas.

La brutalidad contra Chalchihuapan

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República lamentó que "en las últimas fechas" la represión que Moreno Valle Rosas instauró desde su llegada al poder, en febrero de 2011, haya incrementado su "brutalidad", a la par que, en específico en el caso Chalchihuapan, esgrima en su defensa, al igual que sus funcionarios, "mentiras, imprecisiones y aberraciones".

Sánchez Jiménez consideró que la estrategia del gobierno del estado es criminalizar a la comunidad y confundir a la opinión pública sobre lo que causó la muerte del menor de 13 años de edad; sin embargo, desechó la versión oficial del cohetón, que consideró inverosímil, pues la "onda expansiva" de un artefacto así "no podría haber sido dirigida solamente al cráneo" de José Luis Alberto, como dicen las autoridades poblanas.

En tanto, la diputada Roxana Luna Porquillo describió una a una las contradicciones en que ha caído el gobierno del estado en entrevistas, boletines y comunicados, de la versión del cohetón que no quema y que no deja pólvora, a la onda expansiva que sólo se concentró en un punto de la cabeza del niño, hasta la acción concertada de los pobladores para asesinar ellos mismos a José Luis Alberto, como señaló el procurador de Justicia de la entidad, Víctor Carrancá.

Ante esto, la diputada federal demandó al gobierno del estado de Puebla que deje de mentir y confundir a la opinión pública, por lo que junto con el senador Luis Sánchez exigió ahora una lista más amplia de renuncias, pues además de la dimisión del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, solicitó el despido o renuncia de los secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; de Seguridad Pública, Facundo Rosas, y también del titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Víctor Antonio Carrancá Bourget.