Demandan PRI y PRD castigo a responsables por la muerte de Luis Alberto

Pablo Fernández del Campo y Eric Cotoñeto Carmona, dirigentes del PRI y PRD, respectivamente, señalaron la necesidad de “castigar” a los responsables del operativo que la policía estatal realizó en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, el cual provocó la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Aunque Fernández del Campo aseguró que con la renuncia de Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública, no se “reparará” la vida de Tehuatlie Tamayo, es indispensable que el gobierno del estado responsabilice a uno de sus funcionarios por el enfrentamiento que sucedió el pasado 9 de julio.

En entrevista, el líder del PRI lamentó que en la entidad se reprima la libertad de expresión con el uso de las armas, y que uno de los resultados de este tipo de acciones sea la muerte de un menor de edad.

El priísta, quien también es diputado local, señaló que más que derogar la denominada “Ley Bala”, los legisladores deben de revisar cuáles son los ordenamientos aprobados que atentan contra los poblanos.

En tanto, el dirigente del PRD, Eric Cotoñeto Carmona expresó que se deben deslindar responsabilidades sobre los funcionarios que ordenaron el desalojo de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, pese a que no se cumplió el protocolo que se establece en la “Ley Bala”.

Sobre el juicio político que el PRD pidió en contra del gobernador Rafael Moreno Valle, expresó que el procedimiento tiene reglas claras para que se concrete.

PAN lamenta la muerte; insiste en el discurso de la violencia

A través de un comunicado de tres párrafos, el presidente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, “lamentó” la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, pero insistió en que se debe acabar con los “actos de violencia”.

“Rechazamos todos los hechos que instiguen o terminen en violencia, en Acción Nacional nos pronunciamos por una convivencia en paz y por el diálogo como la mejor herramienta para la resolución de diferencias o conflictos”, refiere el comunicado.

La semana pasada Micalco Méndez responsabilizó a los presidentes municipales del conflicto que reportan las juntas auxiliares por la falta de la operación del registro civil, determinación que aprobó la LVIII Legislatura como propuesta de Acción Nacional

12 días después el Congreso analizará enfrentamiento

Este lunes las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Derechos Humanos, se reunirán para analizar la problemática que se dio ante el enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

La postura de los legisladores se expondrá dos días después de que el gobierno del estado informó de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien resultó herido en la cabeza por el impacto de una bala de goma que le provocó muerte cerebral.

Fuentes del poder legislativo señalaron que se prevé que la fracción del PAN se sume a la petición de la bancada priísta para que el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, comparezca y aclare cómo se realizó el operativo de desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, en el que la policía usó balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Sin embargo, la semana pasada los diputados del PAN impidieron que la petición de los priístas se presentara ante el pleno del Congreso.

El coordinador de la bancada, Jorge Aguilar Chedraui señaló a Roxana Luna Porquillo, diputada federal del PRD, y a Pablo Fernández del Campo, dirigente del PRI, de provocar los actos violentos del pasado 9 de julio, en el que 46 policías resultaron heridos.

Francisco Rodríguez Álvarez, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad, evitó fijar una postura sobre el uso de la denominada Ley Bala para dispersar la manifestación de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes exigían la restitución del registro civil en su comunidad.

El retiro del registro civil en las juntas auxiliares fue propuesto por el panista Mario Riestra Piña, quien en diciembre de 2013 presentó una reforma a la Ley Orgánica Municipal.