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Sociedad
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reveló que en cinco años la PGJ de Puebla realizó 24 consignaciones
Entre 2007 y 2012 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla realizó 24 consignaciones y los jueces sentenciaron a 13 mujeres por abortar, reveló este miércoles el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En ese lapso, ni la PGJ ni la Secretaría de Salud tienen registrados casos de mujeres que hayan solicitado la interrupción de embarazo por motivos de violación, de enfermedad del producto, causales por los que según la Ley en Puebla puede ser interrumpido el embarazo.
A decir de la investigadora de GIRE, Rebeca Ramos Duarte, estos indicadores muestran que en la entidad se ha negado a las féminas el derecho de interrumpir su embarazo por cuestiones lícitas.
Mujeres con abortos naturales han sido denunciadas
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En la entidad se han documentado tres casos de mujeres que han llegado desangrándose a hospitales y que han sido denunciadas por aborto, informó la Red de Abogad@s por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4), que representa Pilar González.
Quienes llegan a los nosocomios con algún tipo de hemorragia o con abortos, que no se sabe si son espontáneos o provocados, en automático son tratadas como criminales, abundó.
La activista explicó que los médicos de distintas instituciones se han comportado como colaboradores del Ministerio Público en la integración de denuncias contra mujeres que abortan.
Sanciones por abortos, por arriba de la media nacional
En el marco del Foro Omisión e Indiferencia en Derecho Reproductivos en México, celebrado en salón de proyecciones del Edificio Carolino de la BUAP, se indicó que Puebla es una de las entidades que sanciona con más años de cárcel a las mujeres que deciden abortar.
La media nacional es de uno a tres años de cárcel, mientras que en la entidad el castigo suma hasta cinco años.
Puebla reformó sus leyes para proteger la vida desde la concepción, pero continúan causales de aborto legal en los siguientes casos: violación, cuando hay peligro para la mamá y en alteraciones genéticas del producto.
Con ello, las instancias de salud tienen la obligación de proporcionar las interrupciones legales del embarazo y en el caso de violaciones las procuradurías de justicia deben de garantizar a la mujer la protección de sus derechos reproductivos, como la interrupción legal del embarazo, pero esto no sucede en la entidad.