Estados Unidos firmará el Tratado sobre el Comercio de Armas

Tras conocerse la noticia de que el secretario de Estado John Kerry firmará el día de hoy, miércoles 25, el Tratado sobre el Comercio de Armas en representación de Estados Unidos, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, declaró que “este es un hito para poner fin al flujo de armas convencionales que alimentan las atrocidades y los abusos. Estados Unidos es el mayor comerciante de armas del mundo, pero hasta ahora tenía una trayectoria irregular a la hora de suspender suministros de armas por motivos de derechos humanos”.

Estableció que lo que hace falta ahora es que este compromiso de Estados Unidos —y de los otros 86 países que han firmado el Tratado— vaya acompañado de la acción. Estados Unidos debe aplicar el Tratado y dejar de suministrar armas a países donde éstas podrían usarse para cometer, o facilitar que se cometan, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos, dijo.

Destacó que la situación de Siria pone de relieve el terrible coste humano del comercio global de armas. El Tratado sobre el Comercio de Armas es la oportunidad de prevenir que se siga produciendo este sufrimiento humano en el futuro. Los gobiernos deben aprovechar esta ocasión de carácter único. El mundo espera ahora que China y Rusia sigan el ejemplo de Estados Unidos, explicó el titular de la agrupación internacional.

Salil Shetty indicó que está disponible para conceder entrevistas en la sede de la ONU en Nueva York, donde pronunciará un discurso en un evento de alto nivel sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas el miércoles.

Datos y cifras clave

- Cada año mueren al menos 500.000 personas y millones de personas más son víctimas de desplazamiento y de abusos como consecuencia de la violencia armada y de los conflictos.

- Estado Unidos es, con diferencia, el mayor comerciante de armas del mundo, responsable de alrededor del 30 por ciento de las transferencias de armas convencionales en términos de valor.

- Estados Unidos suministra armas a más de 170 países y tiene una trayectoria irregular a la hora de suspender sus suministros por motivos de derechos humanos:

Como proveedor principal de armas de Egipto, Estados Unidos autorizó la venta de armas pequeñas, así como de millones de municiones y de agentes químicos antidisturbios a pesar de la violenta represión que ejercieron las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en 2011.

Yemen también ha recibido armas pequeñas, agentes químicos y vehículos blindados, y Bahréin, armas pequeñas. En otros países, por ejemplo, el Departamento de Estado estadounidense sigue proporcionando armas a las fuerzas de seguridad de Colombia a través de programas de ayuda y entrenamiento militares estadounidenses, a pesar de sus persistentes violaciones de derechos humanos.

- Hasta la fecha han firmado el Tratado sobre el Comercio de Armas 86 países. Muchos de ellos —entre los que figuran algunos productores de armas clave de la Unión Europea— están en vías de ratificarlo. El Tratado entrará en vigor poco después de que lo hayan ratificado 50 países.

Campaña internacional

Amnistía Internacional hace campaña desde principios de la década de 1990 para conseguir unas normas globales sólidas y legalmente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas a fin de frenar el flujo de armas convencionales y de munición que alimentan las atrocidades y los abusos. Amnistía Internacional cree que el Tratado sobre el Comercio de Armas representa un paso significativo hacia este objetivo y ofrece una base sólida para mejorar la regulación del flujo internacional de armas.

El tratado prohíbe a los estados la transferencia de armas convencionales a países donde tienen conocimiento de que dichas armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El tratado obliga también a todos los gobiernos a que evalúen el riesgo de transferir armas, munición o componentes a un país donde este material podría emplearse para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Cuando este riesgo fundamental sea real y no se pueda atenuar, los Estados han acordado que no seguirá adelante la transferencia.