Puebla: la factura criminal que la 4T no quiere pagar

Alcaldes detenidos y una inseguridad creciente exhiben fallas que la 4T ya no puede ocultar

La realidad en Puebla nos está alcanzando y aunque quiseira equivocarme debemos aceptar que la situación está llegando a un punto en el que ya no alcanzan los discursos, ni echar culpas al pasado. La realidad lamentablemente está tocando la puerta y lo está haciendo con una fuerza que resulta imposible ignorar: alcaldes detenidos, investigaciones por presuntos vínculos con grupos criminales y gobiernos  que hoy se encuentran bajo la lupa.

Ante este escenario, Morena y sus aliados no pueden simplemente lavarse las manos y menos culpar al pasado. No se trata de afirmar que un partido es responsable por los actos de alguno de sus militantes. Para eso están las fiscalías y los jueces. Pero sí existe una responsabilidad política que ningún partido serio debería evadir.

Si Morena, PT y PVEM llegaron al poder prometiendo una transformación de la vida pública, también tienen la obligación de responder cuando funcionarios surgidos de su movimiento son señalados por delitos graves. Y lo mismo aplica para cualquier otra fuerza política.

En Puebla, siete alcaldes han sido detenidos entre marzo de 2025 y el 8 de septiembre de 2026; las acusaciones incluyen delitos como secuestro, extorsión, robo de transporte, delincuencia organizada y otros ilícitos.

La pregunta entonces es inevitable: ¿qué falló antes de ser señalados? Porque un gobierno responsable no debería enterarse de la posible infiltración criminal cuando ya existen órdenes de investigación. Debe contar con inteligencia, controles, coordinación y filtros capaces de detectar riesgos antes de que éstos lleguen a las instituciones.

Por eso lo preocupante de estos casos obligan a preguntarnos qué tan sólidos son los mecanismos para evitar que los intereses del C.O. encuentren espacios dentro de los gobiernos municipales. No basta con deslindarse cuando el problema ya estalló; también es necesario revisar cómo se previene, cómo se maneja y qué capacidad tienen las instituciones para advertir estas señales antes de que terminen afectando directamente a los ciudadanos. Es decir, adelantando escenarios.

Y la dimensión del problema no termina en los alcaldes, esto debería provocar una discusión mucho más profunda. Porque durante años escuchamos que la inseguridad era responsabilidad del pasado. Que todo era culpa de los gobiernos anteriores. Que había que transformar las instituciones. Pero cuando los problemas ocurren durante gobiernos de la llamada 4T, la respuesta es la misma: deslindarse y aventar culpas.

¡Eso ya no es suficiente! Las y los ciudadanos no votan para escuchar excusas. Votan para tener tranquilidad; los datos del INEGI son contundentes. La ENVIPE 2025, que mide los delitos ocurridos durante 2024, colocó al Estado de México como la entidad con mayor tasa de víctimas, con 34 mil 851 por cada 100 mil habitantes; le siguieron Ciudad de México, con 30 mil 804, y Tlaxcala, con 30 mil 498. Puebla, lamentablemente, ocupó el cuarto lugar, con 29 mil 209 víctimas por cada 100 mil habitantes, un incremento de 15.9% respecto al año anterior.

Puebla no merece acostumbrarse a que la inseguridad sea parte de la vida cotidiana. Tampoco merece que cada vez que ocurre un problema la respuesta oficial sea buscar a quién culpar antes que explicar qué se hará para resolverlo.

A esta problemática se suma el debilitamiento de los contrapesos, pues por momentos parece que estamos regresando a aquellas épocas del viejo PRI en las que el poder político tenía una enorme capacidad para controlar instituciones, reducir voces críticas y convertir las reglas en algo negociable.

Ojalá no sea así. Porque nuestra democracia no solamente consiste en votar. También significa respetar las instituciones, los organismos independientes, la división de poderes y las reglas que permiten que todos compitan en condiciones de igualdad.

Incluso reglas aparentemente sencillas, como los tiempos electorales, deben respetarse, pues cuando el poder comienza a considerar las reglas como obstáculos que pueden modificarse a conveniencia, la democracia empieza a deteriorarse.

Desde el PAN señalamos aquello que está mal, exigir explicaciones y defender las instituciones, pero también reconocemos que la seguridad no tiene colores partidistas. La diferencia está en que un gobierno que presume ser distinto debería demostrarlo con hechos.

La sociedad necesita mucho más que propaganda y discursos alegres; necesita seguridad, necesita policías confiables, instituciones independientes, fiscalías que actúen sin presiones políticas y gobiernos municipales que no sean vulnerables ante el CO.

Y, sobre todo, necesita recuperar algo que la polarización política nos ha querido arrebatar: la capacidad de trabajar juntos. México ya ha demostrado que puede hacerlo.

Como ejemplo, lo hemos visto frente a los sismos. Cuando la tierra tiembla, los mexicanos no preguntamos quién votó por Morena, quién por el PAN o quién por el PRI. No preguntamos quién gobernaba cuando ocurrió la tragedia. Nos organizamos. Salimos a las calles. Levantamos escombros. Donamos. Ayudamos.

No necesitamos acusaciones al pasado para sacar adelante al país. Tampoco necesitamos más adoctrinamiento partidista. Debemos entender que, cuando los mexicanos se unen, pueden superar incluso las tragedias más difíciles.

Porque gobernar no significa solamente inventar soluciones con obras, dar discursos o presumir cifras. Gobernar también significa responder cuando las cosas salen mal.

Y Puebla ya necesita respuestas.

Agradezco a Luis González su apoyo en el desarrollo de esta columna.

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