Pensar en grande, pero vivir con miedo

Hay semanas que pasan sin dejar huella y hay otras que obligan a detenerse, mirar lo que está ocurriendo y preguntarse qué demonios está pasando en Puebla.

La semana que acaba de terminar fue una de esas, ya que entre el 21 y el 27 de septiembre, Puebla acumuló asesinatos, ataques armados, desapariciones y muertes violentas. No fue un solo municipio, menos un solo caso, ni mucho menos un hecho aislado, fue una semana que debería encender todas las alarmas del Gobierno del Estado.

Porque mientras desde el Gobierno se habla de transformación, de estrategia y de que Puebla va por buen camino, en la calle la realidad tiene otra cara. Y esa realidad no se puede esconder detrás de discursos.

Primero fue la tragedia de un joven de 16 años, hijo del presidente municipal de Tecamachalco, quien permaneció varios días desaparecido y posteriormente fue localizado sin vida, un joven, una familia destrozada y una comunidad que vuelve a preguntarse si salir de casa significa exponerse a no regresar.

Después vino otro caso que vuelve a poner sobre la mesa la violencia contra las mujeres, en Cuautinchán fue localizada sin vida una mujer de 40 años, que presentaba signos de violencia y la investigación fue abordada bajo el protocolo de feminicidio.

En Esperanza ocurrió algo similar, cuyo cuerpo de una mujer fue localizado dentro de un domicilio y cuyo caso también fue investigado como feminicidio.

Dos nombres, dos familias, dos historias que terminaron de la peor manera y mientras las familias lloraban, la violencia seguía.

También, en San Gregorio Atzompa, un hombre identificado como “El Chila” fue asesinado a balazos en la junta auxiliar de Chipilo.

Además, en Puebla capital y San Andrés Cholula, la noche del viernes volvió a quedar demostrado que la violencia tampoco distingue lugares, ya que dos taquerías fueron atacadas a balazos, el saldo: una persona muerta y tres más heridas.

¿Hasta dónde tiene que llegar la violencia para que dejemos de hablar de hechos aislados?

Porque ese es precisamente el problema, cada asesinato termina convertido en una carpeta de investigación, cada ataque, en un comunicado oficial, cada víctima, en una cifra y después viene el silencio, hasta que aparece el siguiente caso.

Eso no puede ser la política de seguridad de un Estado, Puebla no necesita que le expliquen que los delitos ocurren, Puebla necesita resultados, policías que lleguen al llamado, investigaciones que lleguen hasta los responsables, inteligencia y justicia.

Pero, sobre todo, necesita un gobierno que entienda que la seguridad no se mide por la cantidad de comunicados que se emiten, sino por la capacidad de evitar que las familias tengan que enterrar a sus hijos.

Porque mientras el discurso insiste en que se está construyendo un Puebla diferente, hay familias poblanas viviendo una realidad completamente distinta a lo que el Gobierno de Puebla nos dice.

Y entonces llegó el viernes 25 de septiembre, como si la semana todavía no hubiera sido suficientemente dolorosa, el exencargado de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción fue localizado sin vida dentro de una camioneta, en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios de Angelópolis.

No era un desconocido para las instituciones, era abogado, académico y servidor público. Durante varias décadas desarrolló una trayectoria relacionada con el derecho, la seguridad pública, la procuración de justicia, los derechos humanos y el combate a la corrupción.

El 13 de noviembre de 2025 fue designado encargado de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, posteriormente se desempeñó como Coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, cargo que ocupaba al momento de su fallecimiento.

También fue académico y profesor en instituciones como la IBERO, la UDLAP y el Instituto Universitario Puebla, y aquí hay que ser muy claros, la propia Fiscalía señaló que los primeros indicios apuntaban a una posible muerte autoinfligida, pero también estableció que las investigaciones debían continuar para determinar formalmente las circunstancias y causas del fallecimiento. Por eso no corresponde adelantar conclusiones.

Pero sí corresponde exigir una investigación seria, exhaustiva y transparente, porque cuando se trata de una muerte de estas características, y más aún cuando hablamos de una persona con una trayectoria vinculada precisamente a la procuración de justicia y al combate a la corrupción, la búsqueda de la justicia tiene que estar por encima de cualquier petición particular, interés político o consideración de cualquier otra naturaleza. Aquí no puede haber líneas de investigación que se descarten por comodidad.

No puede haber preguntas que se dejen sin respuesta, ni puede haber hipótesis que se desechen antes de tiempo y todas las posibles líneas de investigación deben ser agotadas.

No porque se pretenda adelantar una conclusión, sino precisamente porque la única manera de llegar a la verdad es investigar sin prejuicios y sin atajos.

Y hay una razón adicional para exigirlo, no solamente era un servidor público, pues tenía una encomienda particularmente importante para Puebla: participar desde las instituciones en la defensa de la legalidad, el combate a la corrupción y la procuración de justicia. Por eso, su muerte no puede tratarse como un expediente más y la sociedad poblana tiene derecho a conocer qué ocurrió.

Porque la justicia no puede depender de quién sea la víctima, de quién conozca a la víctima o de quién tenga interés en que un caso termine pronto, la justicia tiene que estar por encima de todo.

Y precisamente por eso, en un caso como éste, la obligación de las autoridades es investigar hasta agotar todas las posibilidades y llegar a la verdad, no hay otra salida institucionalmente aceptable.

Pero también deja una pregunta mucho más grande sobre el Puebla que estamos viviendo.

¿Qué está pasando con la seguridad en nuestra entidad? ¿qué está fallando? ¿dónde está la estrategia? ¿dónde están los resultados? ¿cuántas familias más tienen que vivir una tragedia para que la seguridad vuelva a ser la prioridad que debería ser?

Porque gobernar no es solamente inaugurar obras, ni anunciar programas, ni menos repetir que Puebla está pensando en grande. Gobernar también significa hacerse responsable de las preguntas incómodas y esta semana dejó demasiadas.

La semana negra de Puebla terminó el domingo, pero para las familias de las víctimas, la semana negra no termina con el calendario. 

Para ellos comienza otra etapa:

• La de exigir verdad.

• La de exigir justicia.

• Y la de exigir que el Gobernador del Estado deje de administrar la crisis y empiece, de una vez por todas, a resolverla.

Porque Puebla no puede acostumbrarse a vivir así, no puede acostumbrarse a que cada semana tenga nuevos nombres, nuevas víctimas y explicaciones.

Señor gobernador: Puebla no necesita más discursos sobre seguridad, Puebla necesita resultados. Porque cuando una semana termina con una lista de muertos, desaparecidos, heridos y familias destrozadas, lo mínimo que puede exigir una sociedad es que su gobierno deje de explicar la realidad y empiece a cambiarla.

Porque esta no fue simplemente una semana difícil, fue una semana negra para Puebla.

Y si hablamos de seguridad, de justicia y de las respuestas que hoy están esperando los poblanos, también hay que hablar de quién tiene la responsabilidad de investigar, de la información que se ha dado a conocer y, sobre todo, de la confianza que existe o que debería existir en nuestras instituciones.

Porque en un caso como el del Coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, no basta con conocer una primera hipótesis.

Es justamente aquí donde vale la pena hacer algunas precisiones:

En quien recae la decisión y responsabilidad de investigar o no; es en la Fiscalía del Estado, no en el ejecutivo, ni en un particular, que dicho sea de paso no ha dado ninguna rueda de prensa o comunicación de cara a los poblanos.  Es por ello, en mucho, que hoy vivimos en la zozobra de la inseguridad.

La desinformación o diferentes versiones que acusan que se han dado es por el pésimo manejo de la crisis, la desinformación que priva y la falta de resultados, no solo en este caso; también en los ocurridos en la semana y desde hace meses.

La relevancia de la responsabilidad que tenía en sus funciones la persona que lamentablemente murió, amerita que se agoten todas las posibles líneas de investigación, sin descalificar a priori ninguna de ellas y menos en tan poco tiempo.

Si es lamentable y entendible el sentir y las peticiones de sus deudos, pero también es una realidad que el rol y la trascendencia del cargo que desempeñaba tiene que ver directamente con la vida pública del Estado y los poblanos.

Como también un hecho es que existen en los poblanos dudas y falta de credibilidad en la procuración de justicia, y esa decisión que tomó la Fiscalía en nada ayuda a revertirla.

Hago votos porque este tipo situaciones mejoren en Puebla.