Las protestas estudiantiles en Francia
Las protestas estudiantiles que sacuden Francia desde mediados de septiembre de 2026 nacieron en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, en las afueras de París. Docentes y alumnos denunciaron la falta de profesores de matemáticas, francés e historia, la ausencia de personal de apoyo como enfermeras y subdirectores, y el deterioro de las instalaciones: techos con goteras, baños obstruidos, aulas sin climatización que superan los 35 °C en verano y presencia de plagas. Estas quejas reflejan un problema estructural: más de la mitad de los colegios e institutos públicos carecen de al menos un docente, las clases superan los 30 alumnos de promedio y se perdieron cerca del 10 % de las horas lectivas en el curso anterior. Con el paso de las semanas, el malestar se amplió al costo de la vida, las desigualdades sociales y los planes de ajuste presupuestario del gobierno de Emmanuel Macron. Los estudiantes exigen 10.000 millones de euros de inversión urgente, reducción de ratio por aula y reparación de edificios.
El gobierno francés respondió con una combinación de diálogo y firmeza. El primer ministro Sébastien Lecornu y el ministro de Educación Édouard Geffray anunciaron el envío de 3.000 profesores suplentes a los centros más afectados, la contratación de cientos de docentes adicionales y la promesa de un plan concreto para finales de octubre, junto con un aumento presupuestario de 1.200 millones de euros (insuficiente según los movilizados, que lo ven absorbido por la inflación). Se abrieron canales de consulta y se suspendieron clases en algunos días para fomentar debates. Al mismo tiempo, las autoridades calificaron los desbordes como “violencia urbana”, desplegaron policía antidisturbios, usaron gases lacrimógenos y realizaron detenciones masivas. Macron advirtió que los responsables de destrozos serían perseguidos.
El saldo es elevado. Desde finales de septiembre se han registrado más de 6.800 detenciones (alrededor del 85-90 % menores de edad), cientos de heridos (más de 200 estudiantes, cerca de 90 docentes y más de 700 policías) y daños en al menos 24 institutos por incendios o vandalismo. En las jornadas de octubre, especialmente el 17, hubo saqueos de comercios, ataques a edificios públicos y prefecturas, y enfrentamientos en París, Marsella, Nantes y otras ciudades. Aunque la mayoría de las marchas —con picos de 250.000 a 550.000 participantes— fueron pacíficas, minorías radicales generaron caos y destrozos valorados en decenas de millones de euros.
El derecho a la protesta pacífica es legítimo y constituye un pilar democrático. Cuando se expresa sin violencia, obliga a los gobiernos a escuchar demandas justas y puede impulsar reformas reales. Sin embargo, los saqueos y agresiones erosionan el apoyo social y desvían el foco de los reclamos legítimos. Este movimiento francés reverbera en América Latina: en Argentina y Colombia, las protestas estudiantiles y sociales por educación, costo de vida y desigualdad han enfrentado dilemas similares. El ejemplo francés recuerda que la movilización pacífica puede generar cambios, pero la violencia solo debilita la causa y abre espacio a la polarización. En un mundo interconectado, las voces de los jóvenes franceses invitan a defender el derecho a protestar con responsabilidad, para que la indignación se traduzca en progreso y no en destrucción.
