Antes de que la aldea global evolucionara, existía cierta ingenuidad sobre la misión educativa de los medios. Se pensaba que informar bastaba para crear sociedades críticas. Hoy el paisaje es más incómodo: los medios están tomados por intereses políticos y de mercado, donde el entretenimiento, el sensacionalismo y la producción acelerada compiten por nuestra atención.
Sin embargo, el modelo de comunicación tradicional emisor-receptor quedó atrás. Con las redes sociales, los públicos dejaron de ser receptores pasivos para convertirse en prosumidores que consumen, analizan, cuestionan y responden al alcance “de un click”. Aunque las plataformas digitales no son espacios democráticos puros, ya que reproducen brechas y desinformación, en sus contradicciones se abren rendijas por donde se cuela un público crítico que se resiste a aceptar que las decisiones sobre el territorio ocurran sin su participación.
El caso reciente de Perfect Day, el megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, ilustra este fenómeno. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anunció que no aprobaría la construcción del parque acuático tras semanas de presión pública, cobertura periodística y un ejercicio ciberactivista que posicionó el debate.
Esta negativa fue empujada por defensores, periodistas y comunidades que llevaron el conflicto territorial a la agenda nacional, obligando a los tomadores de decisiones a actuar bajo el escrutinio público.
De acuerdo con la revista WIRED, la petición de Greenpeace acumuló más de 820 mil firmas, mientras que la iniciativa “Salvemos Mahahual” en Change.org superó los 4.8 millones de apoyos, convirtiéndose en la más firmada en la historia de la plataforma en México. Se registraron más de 8 mil menciones y un alcance potencial de 4.2 millones de usuarios bajo la etiqueta #SalvemosMahahual.
La tendencia circuló por TikTok, Instagram y Facebook, logrando desde el apoyo de la comunidad ARMY de BTS hasta manifestaciones virtuales de niños, niñas y adolescentes en Roblox que se manifestaron con pancartas y letreros virtuales; manifestaciones que habían sucedido en ocasiones como #LifesBlackMatter y #FreePalestine. Ese gesto, que para algunos podría parecer menor, revela algo importante: los territorios también se defienden desde la virtualidad. Las comunidades digitales saben responder desde la viralidad, la apropiación simbólica de los espacios digitales y la intervención en la agenda pública.
Por eso resulta indignante que Ari Adler Brotman, representante de Royal Caribbean en México, afirmara que era “triste” que el destino de Mahahual se decidiera en redes sociales, frase que busca deslegitimar la discusión pública; sin embargo, lo verdaderamente lamentable es que las disputas territoriales sólo sean escuchadas cuando el conflicto escala y se vuelve tendencia.
Pero el verdadero debate es hacia dónde se carga el poder de decidir qué es “progreso”. En México, la palabra “desarrollo”, suele llegar envuelta en promesas de empleo y crecimiento, pero rara vez se cuestiona quién lidia con los efectos residuales de la devastación ambiental. Perfect Day pretendía recibir hasta 20 mil visitantes diarios en una comunidad de 2 mil 600 habitantes. ¿Eso es desarrollo o es la imposición de un proyecto ajeno a la comunidad que rebasa la vida local y luego le exige adaptarse?
La defensa del territorio incomoda porque cuestiona los proyectos definidos a puerta cerrada. Esto cobra mayor relevancia dado que México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, donde el Estado se comprometió a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de los defensores del territorio. No es buena voluntad la desaprobación de SEMARNAT, es una obligación mientras no exista transparencia e inclusión.
Como comunicadora, este caso me deja una responsabilidad imperante: apostar por la formación de públicos críticos. Encontrar las grietas dentro de las plataformas digitales para incidir a través de información políticamente útil. Si las plataformas pueden ser usadas para distraer, también pueden convertirse en espacios de vigilancia, presión y acción civil.
La defensa del territorio exige mantenernos sospechosos ante los silencios institucionales, las consultas que no ocurren, los riesgos que se minimizan. Cuando el territorio está en juego, el silencio también comunica.