En el municipio de Puebla, los contratos para mantenimiento vial y obras complementarias no deberían ser un asunto de opacidad, pero la realidad demuestra lo contrario.
En julio de 2025, una empresa dedicada al sector inmobiliario y de construcción obtuvo la adjudicación de un contrato por 16 millones 592 mil 48.49 pesos, más IVA, sumando un total de 19 millones 346 mil 319.80 pesos, financiados íntegramente con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2025).
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La obra presuntamente realizada es el mantenimiento vial y obras complementarias en la calle 30 Norte, entre la calle 32 Norte y la avenida 12 Oriente, en colonias como Xonaca, Azteca, Vista Hermosa, Miguel Alemán, Humboldt Norte y Resurgimiento Norte.
El plazo de ejecución fue de 120 días naturales, con inicio el 3 de julio y término previsto el 30 de octubre de 2025, bajo la especialidad 301 de construcción vial y un anticipo del 30 por ciento.
Lo grave es que esta adjudicación, identificada con el número de contrato OP/LP012/SMIMP-2025-31050 y dictamen de fallo LP-CMOP-012/2025, se otorgó a una entidad que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había listado como contribuyente irregular. El notificador fiscal no la ubicó en el domicilio declarado —Avenida Olivos número 1120, colonia Lomas de Castillotla, Puebla, código postal 72490—, una zona exclusivamente residencial sin evidencia de oficinas, bodegas ni infraestructura operativa propia de una constructora.
Imágenes satelitales y verificaciones en sitio confirman que se trata de una casa habitación común, sin rótulos ni actividad empresarial visible. Este hecho no es aislado. Representa la continuación de un patrón de irregularidades que ya había sido documentado en administraciones anteriores y que sigue afectando el uso eficiente de recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Las empresas fantasmas, o Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), son entidades que simulan operaciones económicas para emitir facturas por servicios inexistentes. Su propósito principal es facilitar el desvío de fondos públicos o la evasión fiscal.
El SAT las identifica precisamente cuando, en verificaciones de campo, no se localizan en el domicilio fiscal declarado, lo que puede derivar en cancelación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), multas elevadas y, en casos graves, denuncias penales.
En Puebla, este fenómeno no es nuevo. Entre 2015 y 2018, decenas de sociedades se crearon con datos robados de ciudadanos para adjudicarse contratos millonarios. Solo en 2019, el SAT detectó decenas de EFOS en el estado acusadas de facturación falsa. El problema radica en la falta de controles previos rigurosos en los procesos de licitación y en la ausencia de una ley estatal específica que regule el sector inmobiliario y constructor, lo que permite la proliferación de estas figuras.
El caso actual revive recuerdos de un escándalo mayor ocurrido durante el periodo de administración interna en Puebla, entre el 21 de enero y el 31 de julio de 2019. En ese lapso se autorizaron obras públicas con irregularidades evidentes. Se registraron asignaciones a empresas por un total de 521 millones de pesos en contratos relacionados con trabajos que no se ejecutaron o que carecieron de evidencia de realización. De esa suma, 203 millones de pesos correspondieron a seis entidades que recibieron recursos por obras inexistentes, equivalentes a 2.5 veces el presupuesto asignado al Plan Nacional de Reconstrucción para el estado en ese momento.
Los contratos se referían principalmente a reconstrucciones por derrumbes y deslaves en municipios como Huehuetlán el Grande, Coxcatlán, Nopalucan, Zacapala, Tlaxco y Victoria, además de arreglos en el Periférico Ecológico de Puebla y San Andrés Cholula. En un ejemplo concreto, se pagaron 39 millones 211 mil 316 pesos a una constructora por reconstrucciones en nueve municipios entre junio y julio de 2019, sin confirmación de ejecución en localidades como Coxcatlán, Huehuetlán el Grande, Guadalupe Victoria y Hueytlalpan.
Otro contrato por 48 millones 416 mil 109 pesos se destinó a apertura de pasos en 27 caminos estatales afectados por derrumbes, con pagos liquidados en junio de 2019 pero sin realización verificada.
Una tercera entidad recibió 73 millones 505 mil 972 pesos en menos de seis meses por obras en caminos y canales de municipios como Zongozotla, Tepango de Rodríguez y Coatepec, sin ejecución confirmada en varios sitios.
Adicionalmente, una empresa obtuvo 203 millones para arreglos en el Periférico Ecológico y 292 millones 645 mil 705 pesos para reconstrucción con concreto hidráulico en tramos del mismo, sin especificar longitudes ni alcances claros.
Nueve empresas se beneficiaron en ese periodo. Algunas ya habían contratado con la administración anterior por 77 millones de pesos y continuaron recibiendo pagos en gobiernos posteriores por 68.4 millones entre 2018 y 2020, incluyendo 23.5 millones en 2020.
La Secretaría de la Función Pública ahora llamada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, inició una investigación en octubre de 2019 por la posible aplicación irregular de 196 millones de pesos. La Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por 2 mil 320 millones 908 mil 126 pesos en el ejercicio fiscal 2019, con observaciones en diversos rubros. A pesar de que estas empresas fueron relacionadas con fraudes al gobierno estatal, gobiernos municipales siguieron otorgándoles contratos, tal es el caso de contratos otorgados actualmente por el gobierno municipal de Puebla, Zacatlán, Amozoc, Xicotepec, San Martín Texmelucan y Atlixco, entre otros.
Esto demuestra una continuidad preocupante: los mismos esquemas de opacidad persisten más allá de los cambios de administración.
En este contexto se inserta el caso de la empresa que en 2025 obtuvo el contrato inicialmente mencionado. Su objeto social, establecido desde su constitución en mayo de 2005 mediante escritura pública ante notario en Zacapoaxtla, Puebla, incluye la promoción, construcción, desarrollo y venta de viviendas, así como todo tipo de obras de ingeniería civil o arquitectónicas, entre otros objetos sociales amplios.
El domicilio fiscal declarado es una vivienda particular en una colonia residencial. El contrato de 2025 menciona explícitamente esa dirección y un correo electrónico para notificaciones. Sin embargo, verificaciones fiscales del SAT, mediante oficio 500-05-2025-35854 del 13 de octubre de 2025, confirman que no se encontró a la empresa en el sitio.
El capital contable mínimo requerido era de un millón 402 mil 555 pesos. La empresa presentó la oferta más baja, con un ahorro del 0.515 por ciento respecto al presupuesto base, posicionándose como ganadora única tras evaluación cuantitativa y cualitativa. Otros licitantes, como una constructora asociada, fueron descartados por inconsistencias.
Esta no es la primera participación sospechosa de la entidad. En febrero de 2024 fue descalificada en la licitación para el Distribuidor Vial de Amalucan, un proyecto de 634 millones de pesos, por no cumplir requisitos.
El patrón se repite: participación en licitaciones sin solvencia verificada. En Zacatlán, Puebla, redes similares acumularon contratos por 29.8 millones de pesos entre 2024 y 2025 operando desde domicilios dudosos sin capacidad real.
Casos anteriores en el estado incluyen adjudicaciones por 136 millones de pesos en 2020 a empresas investigadas por el SAT y denuncias por irregularidades heredadas por 547 millones de pesos en 2025-2026, con contratos no verificados.
El impacto de estas prácticas es devastador. Los recursos del FAISMUN están destinados a infraestructura social en colonias vulnerables. Cuando se destinan a empresas que no ejecutan las obras o las realizan deficientemente, se perpetúa el deterioro urbano, se afecta la movilidad de miles de familias y se erosiona la confianza en las instituciones.
Esta laguna normativa facilita la proliferación de sociedades que solo existen en el papel.
El Anexo 1 del expediente detalla otras once empresas con perfiles idénticos: no localizadas en direcciones declaradas, vinculadas a pagos por obras inexistentes en 2019 y con contratos en administraciones posteriores.
Una recibió 203 millones por arreglos en el Periférico Ecológico; otra, pagos por reconstrucciones viales sin ejecución verificada. Todas comparten domicilios irregulares, domicilios en casas habitación y ausencia de infraestructura operativa. El SAT las ha marcado en listados de contribuyentes con procedimientos fiscales pendientes, certificados de sello digital sin efectos o auditorías en curso.
Algunas aparecen en padrones de proveedores del estado o de entidades federativas vecinas, pero sin resolución definitiva de inhabilitación. El resultado es un círculo vicioso de impunidad: se pagan millones, no se verifican obras y se repite el esquema en licitaciones posteriores.
La versión pública del contrato de 2025 clasifica como confidenciales datos personales como la clave de elector, amparándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y la Ley de Protección de Datos Personales. Esto es correcto para proteger información sensible, pero no puede usarse como pretexto para ocultar la falta de controles sobre la solvencia real de los contratistas.
La transparencia debe aplicarse también a la verificación previa de domicilios fiscales, capacidad técnica y ejecución efectiva de obras. La ciudadanía tiene derecho a saber si los recursos destinados a mejorar sus colonias realmente se invierten o se evaporan en facturas simuladas.
La impunidad no es inevitable.
Otros estados han avanzado en plataformas digitales de contratación que cruzan datos fiscales automáticamente y descalifican ofertas de empresas irregulares. Puebla puede y debe seguir ese camino. La ciudadanía exige resultados concretos: calles pavimentadas, no facturas fantasmas.
Cada contrato otorgado a una entidad no localizada es un robo directo al patrimonio colectivo. Las colonias mencionadas en el contrato de 2025 —Xonaca, Azteca, Vista Hermosa, Miguel Alemán, Humboldt Norte y Resurgimiento Norte— merecen obras reales ejecutadas por empresas serias, no simulacros de progreso.
¿O no lo cree usted?