A la memoria del compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota.
Recientemente, la secretaria de la SEMARNAT, Dra. Alicia Bárcena, en un acto con organizaciones e integrantes de distintas dependencias, se comprometió a fortalecer los mecanismos de protección de los defensores ambientales. Sin duda, una problemática grave, presente pero totalmente ausente y poco atendida por el gobierno federal y muchos menos atendida por los gobiernos estatales, al contrario.
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A inicios del presente año, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó su Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2024 en donde da cuenta de esta realidad. Veamos algunos datos:
Durante 2024, nos dice el CEMDA, en México se registraron 25 homicidios, cinco más que en 2023. Igualmente nos señala que 77 personas defensoras ambientales y del territorio fueron criminalizadas. Suma y sigue: cuatro personas defensoras fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Además, cuatro defensores más fueron víctimas de desaparición.
Las perlas de la corona: La participación del Estado en estas agresiones contra personas defensoras aumentó y se consolidó como el principal agente agresor con el 65.9 % del total, 16 % más que en 2023. El CEMDA destacó el aumento de la participación de las empresas privadas en las agresiones contra defensores del territorio, con 25 episodios de violencia de distintos tipos. Otros 17 casos fueron responsabilidad de grupos de la delincuencia organizada.
El gobierno de la 4T y las agresiones a los defensores ambientales
Un dato que no podemos pasar por alto y que consigna el Informe del CEMDA es el hecho durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros tres meses del de Claudia Sheinbaum, de 2020 a 2024, se registraron mil 428 agresiones a defensores del medio ambiente, de las cuales 112 corresponden a homicidios. Los estados con más eventos de agresión en 2024 fueron: Oaxaca (15), Chiapas, Michoacán y Puebla (9 cada uno).
El CEMDA identificó a las principales víctimas sociales, las comunidades indígenas o agrarias tuvieron el 45.7% de víctimas y el segundo grupo más agredido fueron integrantes de organizaciones civiles con el 22.3% de víctimas. Como saben y lo demuestra el informe del CEMDA, en Puebla los defensores del agua, el medio ambiente y los territorios han sido estigmatizados, perseguidos y encarcelados en los gobiernos de la llamada 4T, desde Miguel Barbosa, pasando por Sergio Salomón hasta la fecha.
Unos botones de muestra: el encarcelamiento de Renato Romero y las denuncias que pesan sobre los compañeros Pascual Bermúdez y Rogelio Flores. A lo anterior, hay que sumar la muy desafortunada postura, por decir lo menos, del gobernador Alejandro Armenta quien acusó que hay ambientalistas que se rasgan las vestiduras con la contaminación, pero se oponen a proyectos (e-consulta Domingo, agosto 3, 2025) Declaración que me parece muy grave viniendo de donde viene.
En su informe Voces silenciadas: La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, la organización Global Witness señaló que México es el tercer país más letal para los defensores ambientales, después de Colombia y Brasil.
Me resulta curioso por decir lo menos, como los diversos gobiernos mexicanos han firmado convenios y protocolos que son vinculantes o bien, emiten leyes que no cumplen, como no cumplen los derechos enunciados en nuestra constitución. Durante el gobierno de Salinas de Gortari entró en vigor el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha sido violado en forma sistemática por lo menos tres artículos centrales: artículo sexto (derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe); artículo treceavo (reconocimiento de sus tierras y territorios a los pueblos indígenas) y quinceavo, (protección de los recursos naturales de los pueblos indígenas).
El Acuerdo de Escazú y la protección a los defensores ambientales
Durante el gobierno de López Obrador, hace cuatro años, en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, entró en vigor el llamado Acuerdo de Escazú, cuyos principios son entre otros, los siguientes: Acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones, acceso a la justicia en asuntos ambientales, defensores de derechos humanos ambientales, principio de transparencia y rendición de cuentas, principio de no regresión y progresividad, principio preventivo, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional.
Permítaseme referirme a un artículo especial que tiene mucho que ver con lo declarado por la Dra. Bárcena, es el artículo noveno del Acuerdo que dice: Cada (Estado) parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales... (respetar) su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente...(así como) tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
Como vemos, todo ello es justo lo que no se hace por parte de los distintos niveles de gobierno, pero particularmente por parte del gobierno federal y de los estados. Existe una enorme distancia entre el México legal y el México real.
En lo personal, jamás escuche durante la campaña a ministros, jueces y magistrados, que alguna o alguno de ellos se refiriera y muchos menos, se comprometiera a respetar la letra y espíritu de lo escrito en el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Tampoco los escuché comprometerse a que de llegar al Poder Judicial, finalmente y después de once años, impulsarían los juzgados ambientales, tal y como lo señala el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y con ello, empezar a tener la anhelada y demandada justicia ambiental, tal y como lo demandan una gran cantidad de pueblos, comunidades, colectivos y movimientos a los largo y ancho del país.
Incluso que ecocidas como Germán Larrea con su tóxico Grupo México, pague el daño infringido a los habitantes y comunidades aledañas al Río Sonora y también paguen los daños causados a los habitantes y al Río Atoyac, las empresas y empresarios ecocidas de dicho afluente. ¿Por qué a estas empresas y personas no se les aplica el título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal? El binomio perfecto: impunidad y ley del embudo. Vivimos tiempos oscuros en política ambiental; secuestrada y supeditada a los intereses políticos, económicos y comerciales de las élites políticas y económicas de nuestro país y estado. Y a su gran ambición a costa de la vida.
Estamos inmersos en la lógica de la vorágine de capitalismo desbocado y salvaje y su modelo extractivista que padecemos día tras día, poco importa lo señalado por la Dra. Bárcena al mencionar que México vive una tragedia ambiental (La Jornada, Lilian Hernández Osorio, Martes 24 de junio de 2025). No hay voluntad política para resolver la gran, grave y múltiple problemática socioambiental, y como vemos, no, no hay voluntad política del gobierno de la 4T para tomar el toro por los cuernos.