Desde 2018 la construcción de una mayoría política que respalda el cambio de un régimen de privilegios, conflictos de interés y mucha corrupción ha vuelto inoperante a la oposición. Sin embargo, la oposición ha encontrado en los organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Poder Judicial de la Federación, espacios para boicotear el avance de la Cuarta Transformación, ofreciendo una defensa de canonjías y privilegios millonarios.
En la Cámara de Diputados aprobamos el dictamen que avala extinguir 13 de 14 fideicomisos para reasignar 15 mil millones de pesos en programas de bienestar e inversión de obra pública a nivel nacional. La burocracia dorada se defiende utilizando a las y los trabajadores del Poder Judicial, pues han mal informado diciendo que sus derechos laborales se verán afectados e incluso afirman que es una acción que busca vulnerar la autonomía judicial. A continuación, algunas aclaraciones:
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Un fideicomiso es una figura legal que concentra una cantidad de dinero o bienes para que sean destinados a una labor específica. En el caso del Poder Judicial, estos fideicomisos se refieren a temas de vivienda, fondos para el retiro, seguridad social, pero que no cubren a la mayoría de los trabajadores, sino que están dirigidos a la burocracia dorada: magistrados, ministros y funcionarios administrativos de alto nivel.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha afirmado que estos fideicomisos han ido incrementando año con año y son utilizados de manera discrecional, es decir, para gastos superficiales y canonjías como renovación de vehículos con blindaje, renovación de equipos de cómputo, remodelación de casas habitación, viajes y turismo judicial, gastos de capacitación, que son en realidad turismo académico, pago de seguridad (guaruras) y un larguísimo etcétera, pues hay un listado de más de 80 privilegios o gastos excesivos, discrecionales e inmorales, pues estos gastos no tienen ninguna relación con la mejora de las prácticas judiciales para que haya justicia y paz.
Mientras de manera institucional en la Cámara de Diputados luchamos por la eficacia, economía y transparencia del uso de los recursos públicos, en el Poder Judicial y en medios de comunicación han manipulado la opinión pública haciendo uso de una narrativa desproporcionada, pues hablan de que son amenazados, cuando son ellos los que amagan con un paro nacional. En México hay grandes desigualdades y lo menos que podemos hacer desde el presupuesto es impedir que haya privilegios innecesarios y superficiales para una casta burocrática que gobierna el Poder Judicial.
@ACarvajal