Hace unos días, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, el diputado Ignacio Mier, anunció que presentará una iniciativa para visibilizar la situación en México de la Trata de Personas y emitirá un decreto en contra del fenómeno delictivo.
Esta acción me parece sumamente importante ya que el no ver un problema no significa que no exista y, por el contrario, mientras no se visibilice no se tendrá oportunidad de emprender acciones para contrarrestarlo.
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La trata de personas afecta a miles de personas en todo el país, principalmente a mujeres y menores de edad, quienes son víctimas de explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre y otros tipos de trata que violan sus derechos fundamentales.
Desafortunadamente, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. La ubicación geográfica, la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción son factores que contribuyen a esta situación.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2021 21.2 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de trata, lo que representó una tasa de prevalencia delictiva de 23 mil 520 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Asimismo, reportó que 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante que fue víctima de este delito; en 93.3% de los casos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación.
De igual forma, el “Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó que en 2020 se identificó el mayor número de víctimas, con mil 72 en total.
No es para menos saber que las mujeres y las niñas son las más afectadas por el delito de trata. De las 5 mil 561 carpetas de investigación que se iniciaron por las procuradurías y/o fiscalías generales de las 32 entidades federativas entre 2015 y mayo de 2021, cerca de dos terceras partes se refieren a mujeres y niñas (3 mil 649); 19% a hombres y niños (mil 063) y en 15% (849) de los casos no se reporta información sobre el sexo de las víctimas. Un total de 42% de las víctimas (mil 739) son menores de 18 años y 58% (2 mil 445) de los casos son mayores de edad.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el número de víctimas registradas en las carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales en las 32 entidades federativas indican que la capital del país acumuló el mayor número de casos: entre 2015 y mayo de 2022 se abrieron 1,484 carpetas de investigación por el delito de trata. Puebla se ubica dentro de las primeras ocho entidades con mayor incidencia con 259 casos.
No escapa saber que uno de los principales retos en la lucha contra la trata de personas es la falta de una legislación integral y armonizada en todo el país. Aunque México cuenta con leyes que criminalizan la trata de personas, la implementación y la aplicación de estas leyes enfrentan obstáculos significativos. Además, el sistema de justicia a menudo presenta deficiencias en la investigación y persecución de los delitos relacionados con la trata de personas.
Aunado a ello, la impunidad y la corrupción son dos elementos que socavan los esfuerzos para combatir la trata de personas. Los perpetradores de estos delitos a menudo logran evadir la justicia debido a la falta de denuncias, la complicidad de las autoridades o la intimidación a las víctimas.
Para enfrentar este desafío, es fundamental contar con una respuesta integral que involucre a diversos actores. Esto incluye fortalecer la cooperación entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la prevención, persecución y atención a las víctimas. También es crucial involucrar a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y el sector privado en esta lucha.
Precisamente por ello es que considero muy relevante la propuesta del diputado Ignacio Mier para visibilizar este grave problema, que llevará además a la sensibilización y la prevención. Es necesario educar a la población sobre los riesgos y las señales de la trata de personas, fomentar la denuncia de los casos y promover la solidaridad y el apoyo a las víctimas.
Solo así se podrán implementar programas efectivos de prevención en las comunidades más vulnerables, al tiempo de brindar oportunidades y alternativas para prevenir la explotación, lo cual nos permitirá vivir en una mejor sociedad y dejar un mejor país a las nuevas generaciones.