Mi reconocimiento y solidaridad con las y los compañeros de la comunidad nahua de Tecoltémic que nos han dado una gran muestra de resistencia, persistencia y dignidad en contra de la minera Almaden Minerals.
Un viejo panista, don Manuel Gómez Morin, hace muchos años, dijo que “para no desilusionarse, no hay que ilusionarse”.
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La anterior frase cae como anillo al dedo por lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados con la iniciativa de reforma a la Ley Minera y a otras tres leyes más, enviadas por el presidente López a fines del mes pasado, que iban a pasar más o menos fácilmente. ¿Quién o quiénes reventaron y sabotearon la aprobación de la reforma? ¿Qué intereses representan y defienden los diputados? Todo hace suponer que la reventaron desde dentro de la fracción de Morena. Hagamos una recapitulación:
El viernes 14 del presente mes, las y los diputados de las Comisiones Unidas de Economía y Energía, encargadas de elaborar el dictamen de la reforma tenían sesión, misma que no se llevó a cabo. Casualmente los diputados morenistas Yeidckol Polevnsky -exdirigente nacional de Morena- y Carlos Noriega Romero no firmaron la convocatoria para que pudieran sesionar las comisiones y elaborar el dictamen respectivo para sus discusión y probable aprobación y posteriormente pasarlo al Pleno de la Cámara. Para su aprobación se requería solamente el 50 por ciento más uno de los diputados; mayoría simple.
Esta situación fue denunciada por Dolores Rojas, integrante de la Fundación Heinrich Böll e integrante de la Colectiva ¡Cambiémosla Ya! en entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. La entrevistada también mencionó que el presidente de la Comisión de Economía, el diputado panista Jorge Ernesto Inzunza no quiso firmar la convocatoria normal siendo de un partido de derecha que avaló la neoporfirista, salinista y neoliberal Ley Minera en 1992.
La compañera también les declaró a los periodistas lo siguiente:
“No podemos pasar por alto, que las comunidades de Oaxaca se quejaban de que la diputada fue a ese estado a visitar la Minera Cuzcatlán hace algunos meses.”
La iniciativa presidencial contempla también la reforma de las siguientes leyes generales: Ley de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y General de Prevención y Gestión de los Residuos.
Un día antes, el jueves 13 de abril, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores tuvo una reunión en la Cámara de Diputados con la fracción de Morena para informarles de los alcances e importancia de la iniciativa presidencial de la Ley Minera. En esa reunión, la secretaria les mencionó a las y los diputados lo siguiente: Que 15 millones de hectáreas de 5 mil núcleos agrarios, se encuentran afectados por estas concesiones. O bien, que de 1992 a la fecha, se han otorgado, 65 mil 534 concesiones mineras. Igualmente les mencionó que durante el periodo neoliberal se entregaron excesivas concesiones a empresas mineras, que representan el 60 por ciento del territorio nacional.
En una mesa de trabajo con la diputación de Morena, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, les dijo a los diputados que “con la reforma a la Ley Minera, las concesiones se cancelarán si las empresas no cuentan con permisos vigentes de uso de agua para minería, o bien si existe un riesgo de contaminación o daño al equilibrio ecológico en la extracción”. Por lo que se ve, nada de esto conmovió a los diputados, más ocupados en apoyar a su corcholata preferida que en responder a las demandas y reclamos de los pueblos.
El pasado domingo 19, la diputada Aleida Alavez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, declaraba lo siguiente:
“Se llevará mañana a las comisiones de Energía y Economía una iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la industria minera en el país, con el objetivo de frenar el saqueo y los graves daños medioambientales que ha generado dicha actividad y daba los siguientes datos sobre la minería: la industria minera evadió el pago de 75 mil millones de pesos, tan sólo entre 2015 y 2021.”
Igualmente declaró que “los puestos de trabajo que genera esa industria son el 0.62 por ciento del empleo a nivel nacional y que las aportaciones fiscales de la minería representan menos del 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto”. La diputada, en forma muy optimista, remataba que “la iniciativa de ley podría presentarse al pleno el 20 de abril”. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, 19 de abril 2023)
Y para seguir con esta comedia de enredos, cantinfladas, burlas y traiciones, este lunes, el poblano Ignacio Mier, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y hombre fuerte de la Cámara, declaraba:
“Es prioritario aprobar en actual periodo de sesiones la ley minera. Vamos a impulsar algo que es necesario para el país, que tiene que ver con parte de lo que es la Cuarta Transformación, recuperar el patrimonio nacional y vamos a impulsar la Ley Minera.”
Sin embargo, este martes 18 de abril nos levantamos con la declaración -cubetada de agua fría- del diputado tabasqueño morenista y presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, quién declaró con gran cinismo e insensibilidad social que “no hay prisa por aprobarla (Ley Minera) y no queremos frenar las inversiones”; y se pasa, hipotéticamente al siguiente periodo de sesiones en el mes de septiembre, mes que estará cargado de una gran efervescencia electoral rumbo al 2024 y periodo camaral en que lo prioritario entre los grupos parlamentarios es la discusión del paquete presupuestal del año entrante.
Es posible que la reforma a la Ley Minera le pase lo que a una nueva Ley General de Aguas, que lleva un poco de diez años sin ser aprobada. Cabe la pregunta: ¿no hay prisa para quién?, ¿para los que han saqueado y devastado los territorios, el agua, los bosques o para los pueblos?, ¿para los que no han respetado las leyes y los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y los derechos de los trabajadores mineros, como es el caso de las huelgas de los mineros de Cananea, Sonora que llevan quince años en huelga, Grupo México; Taxco, Guerrero con 16 años en huelga, también de Grupo México y de Sombrerete, Zacatecas, en huelga desde 2007, Grupo México.
Continuó el diputado y dijo “que ante las críticas al alcance del proyecto habrá sesiones de parlamento abierto para escuchar a empresarios, funcionarios y expertos, incluso anticipó que la iniciativa seguramente tendría modificaciones”. La estructura de la frase devela sus reales interlocutores e intereses. De acuerdo a esta declaración, los grandes ausentes son los pueblos indígenas y campesinos que han sufrido y sufren el saqueo, la devastación de su territorio y la represión a manos de funcionarios venales, caciques y empresas.
Si le entramos al sospechosismo (Santiago Creel, dixit), la aprobación de la iniciativa, después de Andrés Manuel, favorecería a la actual secretaria de la Semarnat, María Luisa Albores, lo que la pondría en un lugar privilegiado como candidata a la gubernatura de Puebla, frente al diputado Ignacio Mier. Como se sabe, en política no hay casualidades.
En el caso de la iniciativa de la Ley General de Aguas sólo han pateado el bote; foros han ido y venido y la ley no se ha aprobado. Recordemos algunos casos:
2013-2014. Los foros convocados por el diputado perredista, Gerardo Gaudiano Rovirosa, tabasqueño él, o más recientemente, los foros organizados por el morenista Feliciano Flores Anguiano, ambos diputados, expresidentes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, foros que en la práctica no han servido para nada. Ahora patearán el bote de la Ley Minera, y se llama parlamento abierto.
Hace días, los compañeros de CartoCrítica dieron a conocer los siguientes datos sobre la minería:
80 por ciento de las minas que existen en el país operen sin reportar los daños y los contaminantes que emiten al agua, al aire o a la tierra derivado de sus operaciones. Tampoco reportan la cantidad de minerales que extraen de cada proyecto ni cuánta agua usan.
En el país hay unas 188 mil 320 hectáreas repartidas en 874 proyectos mineros que están operando en el país.
38 por ciento de las minas de metal no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental, 23 por ciento no tiene información de cómo operan sus presas de jales, y el 72 por ciento no cuenta con permiso de descargas de aguas residuales.
De ese universo se analizaron especialmente 249 minas donde se extraen metales como oro, plata, cobre, zinc o plomo, pues son las que representan el 80 por ciento de las ganancias por explotación minera en el país.
Dada la naturaleza potencialmente tóxica de los contaminantes asociados con la minería metálica, como el cianuro y los metales pesados, estos resultados son especialmente alarmantes.
En una declaración al periódico Reforma en junio del 2021, la exjefa del SAT, Raquel Buenrostro, declaró que “las mineras pagan apenas el 0.0002% de sus ingresos en impuestos.”
Manuel Llano, integrante del equipo de CartoCrítica, hace la siguiente reflexión:
“La información sobre la minería en México está sumamente desintegrada, repartida en diferentes registros, oficiales, privados y de agencias nacionales y extranjeras que a veces no coinciden entre sí. Esto… ha hecho que no podamos conocer públicamente la producción de cada una de estas minas, su ubicación o extensión. En otras palabras: no tenemos idea de la cantidad de recursos naturales que acaparan y destruyen, ni cómo gestionan su impacto ambiental.”
No sabemos… cuántas hectáreas forestales fueron convertidas en tajos a cielo abierto.
Recientemente la organización Agua para Tod@s, Agua para la vida lanzó la campaña ¡Urge aprobar reformas de agua y minería! para presionar a las y los diputados federales para que aprueben la iniciativa, campaña que me parece debe continuar y ser reforzada con más profundidad e incorporar otro tipo de acciones.
Quien debe estar feliz, es el diputado Marco Antonio Natale -Distrito 1 con cabecera en Huauchinango- e integrante del llamado partido de las tres mentiras -no es verde, ecologista y mucho menos partido- el PVEM, por esta noticia. El diputado es propietario de una mina de piedra que fue clausurada el año pasado por la PROFEPA. Natale ha sido acusado de destruir la zona arqueológica de Teopanzolco y contaminando el río. Como él, supongo, hay varias y varios diputados a los cuales hay que ponerles el ojo desde ya.
Los tatamandones de la Cámara de Diputados que decidieron ponerse de rodillas ante los industriales mineros, considero que nunca pensaron en los compañeros que dieron su vida en defensa de su territorio, agua, el bosque, los bienes comunes y la vida. Por cuestiones de espacio, solo mencionaré a algunos casos:
Agustín Morante Romero (defensor del agua,1981. Moyotzingo, San Martín Texmelucan, Pue.); Julio Baldenegro (Rarámuri, Chihuahua, 1986); Tomás Pérez Francisco (Totonaco, desaparecido, 1 de Mayo de 1990. Pantepec, Puebla); Mariano Abarca Roblero (Chicomosuelo, Chiapas. 2009); Antonio Esteban Cruz, (Nahua, 2014. Cuetzalán, Pue.); Isidro Baldenegro (defensor del bosque, rarámuri, Chihuahua 2017); Guadalupe Campanur (purépecha, Cherán, Mich. 2018); Manuel Gaspar R. (Nahua, Cuetzalan, Pue. 2018), Sergio Rivera Hernández (Nahua, Sierra Negra de Puebla, 2018), Samir Flores Soberanes (Nahua, opositor del gasoducto y de la planta termoeléctrica de Huexca, Morelos, 2019), Oscar Eyraud Adams, (indígena Kumiai, Baja California, 2020); Fidel Heras Cruz (2021, Oax); Tomás Rojo Valencia, (defensor yaqui del agua, desaparecido en 2021), e Irma Galindo Barrios (Ñuu-Savi, 2021, San Esteban Atatlahuaca, en Oax.).
Los casos más recientes
El 13 de enero asesinaron a tres guardias comunales en Santa María Ostula, Michoacán, comunidad nahua; el 15 de enero fueron desaparecidos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia; el 21 de febrero fue asesinado Alfredo Cisneros en Sicuicho, Michoacán; el 3 de abril se reportó el asesinato de Esutacio Alcalá en Michoacán, quien era defensor del río y le ganó un amparo por concesiones ilegales a las mineras Ternium y ArcelorMittal. Mucho menos han debido pensar en sus familias y comunidades. Cuando mucho, sólo serán para los diputados, un número más.
Estos son sólo algunos de los cientos de compañeros y compañeras que han dado su vida en defensa de su/nuestra agua, bosques, ríos, montes, territorio, cultura. En defensa de una mejor calidad de vida de todos nosotros, sin pensar en si nos conocían o no.
Tuvo mucha razón el escritor francés Víctor Hugo al escribir que “produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha”.
El próximo domingo 22 de abril, será el Día Mundial de la Madre Tierra, momento para analizar, reflexionar y actuar contra este capitalismo salvaje y recordar la frase que nos legó el defensor de la amazonia brasileña, Chico Mendes, asesinado en1988, quien afirmó:
"La ecología sin lucha social es solo jardinería".
Solo lograremos avanzar si logramos articularnos y dar la pelea juntos contra los proyectos de muerte, como lo han hecho los compañeros de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla.
¡Sin justicia ambiental, no habrá justicia social!