El 10 de junio se cumplen once años de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, lo cual representa un hito en la historia de nuestro país, ya que enmarca el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos.
Estas modificaciones que se hicieron a la Constitución, implicaron un cambio de paradigma en la interpretación jurídica, lo cual dejó de lado el debate respecto de la jerarquía normativa, por lo que sin lugar a dudas impactó cuestiones relevantes en la vida cotidiana de las personas y las comunidades, así como el propio ejercicio de la democracia en el país.
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Lo anterior debido a que colocó a los derechos humanos en el centro de la agenda constitucional y estableció, como una de las obligaciones del Estado en todos los órdenes de gobierno, la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Pero sobre todo, esta reforma, que modificó los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 con nueve artículos transitorios, colocó a México en sintonía con la agenda internacional que, para ese entonces, ya se había adoptado por varios países de Latinoamérica, debido a que logró elevar a rango constitucional los derechos humanos, contenidos en normas de dichos tratados internacionales.
Basta recordar que anterior a ello, estos tratados no funcionaban como norma jurídica propia en nuestro país, pero a partir de este suceso se les reconoce como parte de la legislación constitucional en materia de derechos humanos, además de que se establece que el criterio propersona será el que oriente la protección de los mismos.
En este sentido es que estos cambios influyeron en la propia reorganización del sistema de instituciones públicas, con el fin de lograr una concordancia con la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, e incluso la misma permitió reformular el derecho a la no discriminación.
Es así que podemos decir que este logro proporciona un instrumento y un campo de acción que detona procesos, retos y rutas para mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas.
Justamente lo que hace la reforma es establecer las bases firmes para un trato igualitario, de manera particular, en el reforzamiento de la prohibición de discriminar, vertido en la cláusula antidiscriminatoria, ya que todas las personas tenemos todos los derechos y nadie puede ser tratado de manera negativa, excluyéndolo de sus propios derechos por razones injustificadas.
Es precisamente por ello que mencioné que esta reforma permitió fortalecer la consolidación de la vida democrática del país, debido a que combatir la discriminación o discriminaciones apuntala la participación de todos y una verdadera democracia sólo puede ser aquella en la cual a las personas no se les discrimine ni excluya.
Aunado a lo anterior, esta reforma abrió un espacio para el desarrollo legislativo, debido a que en sus distintos transitorios se instruyó legislar en diversas temáticas.
Sin embargo y a pesar de estos importantes logros, la reforma constitucional no es suficiente y queda claro que no basta por sí sola para transformar la realidad. Se requiere de un mayor trabajo para lograr que la agenda de los derechos humanos se convierta en una realidad.
Hoy por hoy las instituciones del Estado mexicano no pueden quedarse sólo en el terreno de no lastimar los derechos humanos, sino que deben tomar un perfil proactivo. Deben de promover de manera clara y decida una cultura de derechos, así como generar políticas públicas que instauren esta cultura.
No tengamos duda que a once años de la reforma constitucional ha habido grandes avances, pero también quedan pendientes grandes oportunidades por caminar para lograr que el respeto irrestricto a los derechos humanos en México sea una realidad.
Si queremos que esto se materialice, todas y todos necesitamos trabajar en equipo para lograrlo. Exijamos a nuestras autoridades, pero también abonemos a esta causa que nos permitirá vivir en un mejor país, con mayores oportunidades para todos sus ciudadanos.