Durante las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido nuevamente protagonista de escenarios que atacan y estigmatizan a la prensa, violentando directamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a ser informada.
El caso reciente acerca de la divulgación de los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola son una de las acciones más directas y peligrosas que el Presidente ha utilizado para evadir los cuestionamientos de periodistas críticos a su gobierno. En este caso, infringiendo las leyes y abusando del poder para acallar a quienes lo cuestionan.
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En innumerables ocasiones, el Presidente ha utilizado adjetivos estigmatizantes en contra de la prensa; sin embargo, esta vez, la acción tan directa y peligrosa enciende alertas por la forma en la que el derecho a la libre expresión se está violentando desde el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el posicionamiento de la organización Artículo 19, esta acción infringió varias leyes como el Artículo 16 de la Constitución y el Artículo 6º. de La Ley Federal de Protección a Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; donde el primero explica que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”. Y el segundo que: “El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.”
De esta forma, el abuso de poder del Presidente es inadmisible; un periodista no es un funcionario público, por lo que no existe ninguna obligación para exponer sus ingresos. La posición de un periodista no invalida la investigación que ha realizado, implicando una labor de búsqueda y verificación de información.
Esta agresión se da en el marco de un país que desde inicios de este año ha sido atroz, con el asesinato de seis periodistas a tan sólo mes y medio del inicio del 2022. Por lo que el ejemplo del Presidente, es decir, infringir la ley para su propio beneficio, limita y desaparece de a poco la democracia.
De acuerdo con los datos del Democracy Index 2021 del The Economist (medio británico), el cual se enfoca en medir y explicar el nivel de democracia de un país, México pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen hibrido”; donde como lo mencionan en el reporte, se ha debido en gran medida a los intentos del Presidente por concentrar el poder solamente en el nivel ejecutivo.
El constante discurso donde se estigmatiza la labor de la prensa y se califica como “golpeador” o “mercenario” a quien pide cuentas y cuestiona su gestión, legitima y motiva a otros funcionarios públicos para agredir e intimidar a periodistas a lo largo del país. Y que si bien, para algunos puede parecer irrelevante, ese discurso ha costado la vida de seis periodistas en lo que va de 2022.
Un aspecto discursivo que se puede identificar en el Presidente son las contradicciones, donde, se compromete a proteger a periodistas; sin embargo, utiliza el poder para silenciar voces y puntos de vista diferentes al suyo. Además, de que los mecanismos de protección y defensa siguen sin funcionar correctamente.
Lo que sucede en el país actualmente con respecto a la libertad de expresión es una problemática preocupante, ya que esta es un factor decisivo para la democracia. Sin límites en la forma en la que se desenvuelven los funcionarios públicos, no habrá ninguna defensa que mantenga segura a periodistas y por ende los derechos de la ciudadanía.
Sin embargo, las acciones del Presidente sugieren que, a pesar de su desesperación por eliminar cuestionamientos, el periodismo crítico sigue dispuesto a mantenerse de pie, incomodar al poder y seguir llevando a cabo la labor que mantiene informada a la sociedad.