En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó esta estrategia con la participación de 15 dependencias del Gobierno de México, entre las que destacaron la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, y la Procuraduría Federal del Consumidor.
El objetivo: evitar este robo, acabar con la corrupción y la red de complicidad alrededor de este ilícito; sin duda, el robo de hidrocarburos se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución: huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba, tal como lo mencionó el Presidente.
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En 2017, el robo de combustible significó una pérdida para Pemex de 60 mil millones de pesos; en 2018, el huachicol se convirtió en un verdadero problema para varios Estados, como el caso de Puebla o Guanajuato. En ese año, Pemex registró 14 mil 910 tomas clandestinas que le hicieron perder 2 mil 68 millones de pesos.
En ese año se robaron diariamente más de 600 pipas de 15 mil litros cada una; la hipótesis era que el 20 por ciento de todo el robo tiene origen en la ordeña de ductos; pérdidas que representan el presupuesto de la UNAM, lo que se roban cada año significa el 60 por ciento de lo que se va a dirigir a las pensiones de los adultos mayores o 60 veces más de lo que vamos a destinar el próximo año a la creación de 100 universidades públicas.
La estrategia del Presidente está encaminada y, es importante contribuir con la denuncia de estas tomas clandestinas para erradicar este cáncer social que pone en riesgo no sólo la economía del país, sino la vida de las y los mexicanos.
Como Senador, el 5 de noviembre de 2019 presenté una iniciativa en ese contexto y, el 27 de septiembre de este año dimos a conocer un exhorto a la Comisión Reguladora de Energía sobre la expedición de permisos para venta de gas.
Para Morena ni olvido ni impunidad; por ello se propuso que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, contemplara penas más severas, pues el robo o sustracción ilícita, afecta la economía nacional con la exploración, extracción, transportación, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos de forma ilegal.
México ha alcanzado un tope en la lucha en este 2021 contra el robo de combustible. Al menos eso dicen las cifras de Pemex, empresa estatal que controla la producción de gas y gasolina.
Según reportes de la compañía, el país perdió de enero a julio 174,9 millones de pesos por culpa del huachicol, cifra apenas inferior a los 177 millones de pesos de pérdidas por robo sufridas en todo el año anterior.
La corrupción, la impunidad y el abuso de los gobiernos amparados en el poder político y económico están en vías de extinción. Las constantes fugas que ocasionan las tomas clandestinas contaminan suelo, aire, agua e inclusive mantos acuíferos, dicha contaminación genera daños que no se han atendido y que pueden ser irreparables.