El pasado 2 de septiembre se aprobó el proyecto de revocación del mandato con 101 votos a favor y sólo 2 en contra, siendo el de Gustavo Madero Muñoz y Emilio Álvarez Icaza Longoria los que mostraron su oposición, cuando la mayoría optó por la afirmativa para la realización de este ejercicio que, por primera vez, se estaría llevando a cabo en el país; tomando en cuenta que la iniciativa se impulsó con el consenso entre todas las fuerzas parlamentarias de la Cámara de Senadores para evitar que se judicializara este ordenamiento.
En esta LXV Legislatura en el Senado de la República, una prioridad es fortalecer esa participación social a través de la revocación de mandato; precisamente lo más importante es que este Proyecto de Nación le da voz al pueblo, porque es ahí donde se genera el verdadero cambio.
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Se trata de una iniciativa de ley para consolidar la participación directa de las y los mexicanos en la toma de decisiones, pero también para reforzar la debida rendición de cuentas; de esa manera, la ciudadanía evaluará efectivamente el desempeño de un servidor público y le retirará en su caso, su apoyo electoral anteriormente dado.
En su más reciente visita a Puebla en la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, el senador de República, Ricardo Monreal Ávila puso de nueva cuenta sobre la mesa, la necesidad de fortalecer la democracia participativa a través de la revocación de mandato, “como la herramienta que servirá a los ciudadanos para tener un control real sobre los servidores públicos electos y reemplazarlos si lo desean.” Este fue el llamado a participar en la consulta popular del 2022 por parte del también Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara Alta.
Sin duda la revocación de mandato representa una medida que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en su decisión democrática sustentada en el principio de “el pueblo pone, el pueblo quita”. En el Senado, este plebiscito es una de las reformas que se lograron en los primeros tres años del periodo legislativo y es relevante para la historia de nuestro país porque es un ejercicio ejemplar al darle participación a los ciudadanos para que determinen si el Presidente de la República debe seguir en el camino de las decisiones trascendentales para las y los mexicanos.